Escrito por Valeria Murga. (Miembro del área de Publicaciones e Investigaciones).
El tercer martes del mes de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Trabajo Social. De acuerdo con el International Federation of Social Workers (IFSW), el Trabajo Social está comprometido con la erradicación de las desigualdades sociales, por lo que incentiva a que la sociedad esté cohesionada y proteja los principios de los derechos humanos y de la justicia social. Esto lo convierte en una lucha constante contra la desigualdad y la discriminación en los diferentes ámbitos que sufren principalmente las poblaciones vulnerables. No obstante, los avances del Trabajo Social en cuanto a la desigualdad han resultado ser lentos y representan un desafío enorme, ya que desencadenan en violencia.
En línea con lo mencionado, a lo largo de la historia, hemos presenciado cómo las poblaciones vulnerables han sido oprimidas y directamente el cómo las mujeres fueron violentadas y reprimidas con el objetivo de obtener el control de su capacidad reproductiva. Esto se debe a que las sociedades se han construido bajo el “Patriarcado”, término definido por la trabajadora social, María Aramayo como un sistema de dominación masculina sobre las mujeres, principalmente opresión sobre el cuerpo femenino, relaciones desiguales de poder entre los sexos y división sexual del trabajo en el que hombres tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en la vida pública, mientras que las mujeres quedan restringidas a un ámbito más privado, tareas domésticas y la familia (2017).
El mercantilismo, que fue la primera etapa del capitalismo, exigía el incremento de mano de obra en las fábricas para intensificar la producción del país, para lograrlo implantaron proyectos políticos y económicos que legitimaron el sistema patriarcal. De este modo, se realiza una diferenciación entre trabajo productivo y reproductivo. El trabajo reproductivo se basó en el despojo de la autonomía reproductiva y el poder social a la mujer para transformarlo en capital social y económico (Parra, 2017). Este fue un proceso sumamente violento llamado por Silvia Federici (2010) “caza de brujas”, que se trató de la persecución y matanza masiva de mujeres campesinas europeas entre los años XV y XVII, quienes resistieron a las relaciones de poder que les imponían por lo cual fueron catalogadas como brujas por intentar subvertir el orden establecido.
La llegada del neoliberalismo al Perú con el gobierno de Alberto Fujimori, tuvo como antecedente la crisis económica, la que generó un incremento significativo en la tasa de pobreza de 13, 5% entre los años 1985 y 1991 (IPE, 2017). Así, en 1991, el 57% de las familias presentaba un nivel de gastos por debajo de la canasta mínima de consumo. De ellas, casi la mitad eran familias en pobreza extrema; es decir, familias que no cubrían la canasta alimentaria mínima. En zonas rurales, 3 de cada 4 familias se encontraban en situación de pobreza y 2 de ellas estaban en pobreza extrema (Pascó-Font y Saavedra, 2001). La teoría económica imperante de la época era la teoría malthusiana, que indicaba que la población aumentaría geométricamente, mientras que la producción de comida solo aumentaría en una proporción aritmética asegurando que aparecerá una escasez en el largo plazo que requeriría un descenso de la tasa de natalidad (Cerón, 2001).
Es así como se asoció el crecimiento poblacional con la prolongación de la pobreza, la desnutrición e inestabilidad política. Esto guarda ilación con lo acontecido durante el gobierno de Fujimori en el que se diseñó e instauró el programa de esterilizaciones forzadas masivas de mujeres de pueblos andinos, amazónicos y de zonas periféricas, lo que evidenció la opresión sobre las mujeres, al despojarlas del poder sobre su reproducción para ser utilizadas como instrumentos de política económica. Ante ello, trabajadoras sociales estuvieron junto a las mujeres afectadas para enfrentar la violación de sus derechos y fortalecer la autonomía física, política, social y económica de las mujeres descendientes de las comunidades.
Grandes figuras femeninas como Josefa Ramirez Peña, quien fue una trabajadora social egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú estuvo comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres andinas. Su carrera la encaminó hacia el análisis de las actividades de las comunidades andinas ubicadas en la Provincia de Canta en la Sierra Norte de Lima en el año 1972 y Altiplano Puneño logrando así identificar y comprender el gran valor que poseen las mujeres quechuas y aymaras en los ámbitos político, económico, histórico y cultural. Las actividades de las mujeres abarcaban tanto lo productivo, realizadas en sus chacras y en el mercado de intercambio local, y reproductivo en sus familias. Esto permitió que las mujeres estén cohesionadas y tengan una participación activa y conjunta en los Comités de Mujeres Aymaras y Quechuas que fueron la base para la formación de la Federación Departamental de Mujeres de Puno en el año 1985. Luego, se dirigió a su comunidad de origen en Quispampa, provincia Huancabamba, donde la violencia política y de género del gobierno de Fujimori afectó en forma sistemática a las mujeres, dirigentas y dirigentes de Comunidades y Rondas Campesinas. En este contexto, Josefa define a las esterilizaciones forzadas como la violación de los cuerpos, dignidad y derechos reproductivos de las mujeres. Su plan de acción fue acompañar a las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en procesos de educación, organización y cohesión entre ellas en búsqueda que se reconozcan y de la mano de ello también sean reconocidas como mujeres valerosas que sean capaces de reclamar justicia por la violación de sus derechos reproductivos y posean la oportunidad de visivilizar su agenda política ante los ciudadanos y el gobierno.
La violencia terrorista fue el otro eje de opresión contra las mujeres bajo el cual atentaron cruelmente contra sus vidas, este fue el caso de Maria Elena Moyano (1958-1992) quien fue una mujer activista, feminista, luchadora social y dirigente de su comunidad. Su compromiso estuvo siempre con la lucha frontal contra la pobreza, la desigualdad de género y la defensa de los derechos humanos. En pro de que las mujeres puedan defenderse de los organismos estatales corruptos, fundó el club de madres "Micaela Bastidas", mantuvo una participación activa en los Comités del Vaso de Leche que favorecía a niños y ancianos. Recibió el premio Príncipe Asturias de mano del Rey Juan Carlos, en reconocimiento a sus 16 años de lucha y a la creación de programas sociales en su distrito. En la década del 90, Sendero Luminoso instauró el terror en la población con asesinatos, atentados y amenazas. Moyano tuvo una lucha frontal contra Sendero Luminoso y los acusó directamente de los atentados ocurridos en su distrito de Villa el Salvador. El día 26 de septiembre de 1991, la Federación de Mujeres de Villa El Salvador realizó una marcha pública que se llamó “Contra el Hambre y el Terror”, en la que participaron 20.000 personas en su mayoría mujeres mostrando su repudio a Sendero Luminoso. Estos para el 14 de febrero de 1992 decretaron un paro armado, Moyano en respuesta a ello, convocó a otras mujeres y juntas organizaron una contramarcha denominada “Marcha por la paz” para alzarse contra las amenazas del grupo terrorista de asesinar a quienes estaban fuera de sus casas. Un día después, el día 15 de febrero de 1992, le dispararon en el pecho y la cabeza, y su cuerpo fue dinamitado a manos de Sendero Luminoso por lo que la bautizaron como “Madre Coraje” y se la recuerda bajo la consigna “La balearán, la dinamitarán… ¡Y NO PODRÁN MATARLA!”. La Federación de Mujeres no se disolvió, de lo contrario,las mujeres se unieron más y al finalizar el año 1992 estaban a su cargo 112 comedores populares que alimentaban a 30 mil comensales diarios y dirigían 507 Comités de Vasos de Leche que albergaba a 60 mil niños y niñas aproximadamente mermando de alguna manera las condiciones precarias en las que vivían las mujeres en situación en pobreza.
En relación con todo lo expuesto, el nuevo contexto en el que vivimos debido a la pandemia, nos ha traído grandes transformaciones y la cuarentena impuesta por el gobierno ha generado gran impacto económico y como consecuencia se ha agravado la pobreza en el país. Escenarios como los acontecidos por la compañera Moyano nos conduce a una reflexión de cómo la pobreza ha persistido durante las últimas décadas y cómo a raíz de la pandemia se ha visibilizado en mayor incidencia en donde las más afectadas siempre han resultado ser las mujeres. Según los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial la pobreza, en el Perú habría alcanzado al 30% de la población el año pasado (UNICEF Perú, 2020).Además, se estimó que las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a hogares rurales serían los más afectados, ya que la pobreza se habría elevado de 47.3% en el 2019 a 62.3% en el 2020, en cuanto a los hogares urbanos la pobreza monetaria aumentaría en 10% solo en Lima Metropolitana y 13% en la costa urbana(UNICEF Perú, 2020).
En respuesta al gran impacto económico, las trabajadoras sociales junto a mujeres, en su mayoría madres pertenecientes a las poblaciones vulnerables como los asentamientos humanos y barriadas, se organizaron para llevar a cabo las ollas comunes y repartir alimentos a la población empobrecida y vulnerable del país. Según la investigación de Marco Zileri(2020), se han registrado en distritos como Pachacamac, 205 ollas comunes que brindan 21 mil raciones diarias de comida, en San Juan de Lurigancho 142, en Villa María del Triunfo, 253, en Independencia, 106; en San Juan de Miraflores, 72; en Carabayllo, 41. El total de ollas comunes registradas en la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana son 1130, que, si bien no es el número real, es lo más preciso que se tiene a la fecha.
Gianina Meléndez es una joven trabajadora social que lidera el colectivo Manos a la Olla, que se creó con el objetivo de fortalecer la organización comunitaria para hacerle frente a la actual crisis que estamos viviendo. Meléndez conoce en su totalidad a los asentamientos humanos ubicados en los distritos de Lima Sur y manifiestan una relación horizontal con lideresas de ollas comunes de la zona y viene ayudando a nueve ollas de la zona, principalmente a las del asentamiento "Emilio Ponce" que se encuentran en la parte más alta de Villa María del Triunfo. Su labor no solo se limita a la entrega de víveres, sino que las capacitan en materias de nutrición en pro de mejorar su alimentación y contabilidad para que realicen una distribución eficiente de los recursos, con miras a que las ollas comunes se establezcan como comedores populares. Es sumamente importante para el colectivo que las personas tengan una vida digna, además invocan a la que la sociedad esté cohesionada para así apoyarnos entre todos, erradicar la desigualdad y la discriminación, y enfrentandonos a la crisis en colectividad ( Rosas, 2021).
Las ollas comunes cuentan con muy poco apoyo o ningún apoyo de las instituciones estatales, el apoyo que reciben es de donaciones solidarias de entidades privadas y también de las propias familias que se comprometen con un aporte simbólico por plato de comida, que varía entre S/.1 y S/.1.5 (Agencia EFE, 2020). El colectivo recauda fondos de donaciones directas, de ONGs y venta de rifas solidarias, que reparte a las lideresas de las ollas comunes.
El desempeño de las mujeres como líderes que buscan combatir la pobreza y desigualdad las saca del ámbito privado al que han sido restringidas históricamente y les da un lugar en la esfera pública para tomar decisiones en beneficio de las poblaciones vulnerables y también para exigir justicia social, lo que lo convierte en un espacio de empoderamiento para las mujeres. Así, se evidencia cómo las mujeres han permitido mermar de alguna manera la precaria situación en la que se encuentran estas personas en situación de vulnerabilidad así como han ocupado un rol de lideresas en pro de mejorar el bienestar de estas personas. Durante la pandemia, han solicitado constantemente al Estado, como entidad que garantiza la seguridad alimentaria, que integre un programa urgente en que se reconozcan a las ollas comunes como eje importante de lucha contra el hambre. El 31 de enero del presente año la ministra Silvana Vargas, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), supervisó la primera entrega de 94 toneladas de alimentos que serán destinados a 560 comedores populares y 488 ollas comunes en Carabayllo, Independencia, Santa Rosa y Villa María del Triunfo. La entrega realizada no cubre ni la mitad de las ollas comunes que están registradas en la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Lima Metropolitana, pese a que albergan a las familias que tienen menores recursos y fueron afectadas gravemente por la pandemia. Carolina Trivelli identifica que la preocupación del Estado está en el PBI y se está dejando de lado la situación vulnerable en la que se vive actualmente (2021). Las ollas comunes han mitigado los efectos adversos de la pandemia en la seguridad alimentaria. Sin ellas, la población vulnerable no solo estaría expuesta al contagio y fallecimiento por el Covid-19 sino también a la hambruna y desnutrición.
Como se ha percibido, las mujeres a lo largo de la historia han jugado un papel fundamental en situaciones de crisis, han sido lideresas que han logrado mejoras sustanciales en la calidad de vida de las poblaciones pobres. Sin embargo, no se les ha dado el debido reconocimiento y valoración de su arduo trabajo, en lo académico y práctico. Elena Rodríguez Miñón (2017) encuentra que esto que se sigue reproduciendo y prolongando las desigualdades de género en una profesión que es mayoritariamente desempeñada por mujeres, la representación de varones aumenta a medida que se escala en la jerarquía de los puestos profesionales, incluso su representación es mayor a la de las mujeres. Si se busca una verdadera transformación social, se debe redefinir el trabajo social integrando la perspectiva de género y la teoría feminista. Así la perspectiva de género permitirá cuestionar y tener una mirada crítica al orden social establecido (Aramayo, 2017). De la misma manera que la inclusión de teoría feminista Patricia Fernández-Montaño y Beatriz Esteban-Ramirez (2016) argumentan que es clave para la redefinición del Trabajo Social ya que promueve el fin de la opresión de las mujeres, quienes han sido restringidas al ambito privado patriarcal y buscan transformar de manera integral las relaciones sociales. Se debe de interiorizar plenamente que los obstáculos para cumplir de manera efectiva con los compromisos del Trabajo Social es debido a que estamos en una sociedad con estructuras opresivas para las mujeres por lo que se busca erradicarlas de raíz para lograr una transformación social real.
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