¿De qué manera el manejo de las instituciones afecta el contexto social, político y económico en el Perú?
Escrito por Andrea Mendivil, Adriana Torres e Ilenia Ttito Edición a cargo Fiorella Perez
 |
| El año del bicentenario y su predecesor fueron golpeados fuertemente por el inicio de la pandemia y con ella, la cuarentena absoluta establecida desde el 16 de marzo de 2020. Esto causó una de las caídas del PBI más grandes de la historia peruana, de un 11,1% ese año, debido a la paralización de la producción y, subsecuentemente, un aumento de la pobreza de 9,9% entre 2019 y 2020 (INEI, 2021) |
1. Introducción
El 28 de julio del 2021, el Perú conmemora el Bicentenario de la Independencia del país proclamado por el general Don José de San Martín, pues se celebran los 200 años de un país libre e independiente. Como se sabe, el Perú ha cambiado con el paso de los años; por esta razón, es importante dar a conocer cuales son los desafíos que presenta el país. Así, los ejes a tratar del Bicentenario son los siguientes: Integridad, igualdad de oportunidades, diálogo y reconciliación, sostenibilidad, integración y competitividad, e identidad y diversidad. A su vez, otro de los objetivos del Bicentenario es buscar que sus instituciones y sociedad actúen como una ciudadanía respetuosa frente a la diversidad, comunicativa y con análisis crítico; de este modo, presenten capacidades para desarrollar su bienestar.
Asimismo, durante estos 200 años de Independencia, se observó cómo han laborado las instituciones peruanas desde el inicio de la República. Ciertamente, las instituciones han gestionado la economía peruana como otros ámbitos del país. Por ello, es relevante definir la teoría de la economía neoinstitucional, la cual afirma que las instituciones son la clave para esclarecer las decisiones de los individuos. De este modo, no se puede apartar la estructura del Estado al estudiar la realidad.
Por lo tanto, al conocer la definición de economía neoinstitucional, se puede comprender que las instituciones forman parte de un objeto de estudio para analizar críticamente la actualidad, tras 200 años de la Independencia peruana. De esta manera, en este artículo se detalla de qué manera el manejo de las instituciones afecta el contexto social, político y económico en el Perú. Es importante conocer el papel que han cumplido las instituciones peruanas desde el inicio de la República, pues nos brindará información que se explicará en este escrito. A continuación, se presenta el marco teórico, los antecedentes que abarcan desde la Independencia hasta el fujimorismo en los noventa, la actualidad que vivimos tras la llegada del coronavirus al país y conclusiones; todo ello se analiza detalladamente tanto el ámbito social, político como económico.
2. Marco teórico
2.1. Institución
El enfoque de la economía institucional parte de una concepción amplia sobre las instituciones. Para North (1990), “las instituciones son “las reglas de juego” o, más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que le dan forma a la interacción humana”. Es decir, son las normas, tanto implícitas como explícitas, que guían las relaciones entre los diversos agentes, y, en consecuencia, se muestran como incentivos para los cambios políticos, sociales y económicos. Ejemplos de ello son los marcos legales, prácticas operativas estándar y procedimientos de cumplimiento (Peters, et al. 2005). En un sentido más abstracto, también se hallan las normas interpersonales generadas por la cultura y los paradigmas de cada sociedad específica.
Estas instituciones surgen a partir de la interacción de agentes, a los cuáles se le denomina organizaciones. Dichas organizaciones son “grupos de individuos conectados por un propósito común para lograr objetivos” (North, 1990). Esto significa que las organizaciones como representantes de la sociedad, a través de sus actividades con propósito, logran el cambio institucional en la historia.
2.2. Costos de transacción
Debido a que la idea principal de las instituciones está basada en las interacciones entre organizaciones, otro de los pilares fundamentales del enfoque institucional es la consideración de la existencia de costos de transacción en modelos políticos, económicos y sociales. Según North (1990), los costos de transacción son “los costos de medir los atributos valiosos del bien intercambiado y los costos de protección de derechos, vigilancia y lograr el cumplimiento de los acuerdos”. En otras palabras, son los costos adicionales, que no se contemplan en el intercambio simple, y garantizan que la transacción pueda ser realizada. La razón de su existencia es la importancia de la información, que, en contextos con cada vez más especialización y fuentes, aumenta su costo y se vuelve una ventaja trascendente para los agentes que cuenten con ella al realizar un intercambio. Algunos ejemplos son los costos de ejecución, de adquisición de información, de la transacción propiamente dicha y de las actividades que garanticen la implementación de algo (North, 1990).
2.3. Capacidades institucionales
Para poder evaluar adecuadamente el desempeño de una institución, se tiene el concepto de capacidades institucionales. Según Rosas (2008), estas refieren “a la habilidad de las organizaciones de absorber responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la rendición de cuentas”. En este contexto, el término “organizaciones” está siendo usado como instituciones y corresponde tratarlo con el concepto correspondiente al enfoque. Por lo tanto, la definición de capacidad institucional refiere a la eficiencia de las instituciones, sus mecanismos de rendición de cuentas y su responsabilidad como set de reglas y marcos de interacciones.
Este concepto, puede ser dividido en dos sub-categorías para su análisis más cercano. Por un lado, se encuentra la visión micro, la cual refiere a la capacidad administrativa. Esta, “hace alusión a las habilidades técnico-burocráticas del aparato estatal requeridas para instrumentar sus objetivos oficiales” (Rosas, 2008). De esta forma, recae sobre las interacciones de los individuos y de los recursos humanos. Ambos grupos son las organizaciones que con sus acciones cotidianas cambian el marco institucional, ya sea en el Estado u otro tipo de institución. Por otro lado, se observa la visión macro o capacidad política. Esta, se refiere al contexto político, económico y social en el cual se insertan las redes de instituciones y sus subsecuentes interacciones. Además, llega a incluir las “reglas de juego” culturales y las costumbres. Por lo tanto, abarca el funcionamiento de las relaciones de las organizaciones en escala país.
3. Antecedentes
3.1 Independencia
Tras el logro de la independencia del Perú, por Don José de San Martín, el país presentó una inestabilidad política por la falta de gobernador, en lo económico se desconocía si se viviría un proteccionismo o libre comercio, y en lo social perduró la desigualdad de la etapa colonial. En efecto, durante la independencia no había instituciones peruanas de por sí, ya que en el Virreinato se recibían órdenes bajo la Corona española. Después de proclamarse la independencia, no se sabía qué sistema político seguiría el país y finalmente, optaron por ser una República “democrática”, tal como Don José San Martín sugirió.
Así, la independencia no significó un nuevo comienzo institucional, al contrario, muchas de las reglas de juego vigentes durante la colonia se mantuvieron, como la explotación de indígenas y la esclavitud. En ese sentido, Coatsworth (2012) señala que los nuevos gobernantes conservaron los privilegios de una pequeña élite económica. Si bien los nuevos gobernantes tenían como propósito promover el crecimiento económico, solo protegieron los intereses del sector que era capaz de invertir. El mecanismo estatal, que se manejaba para proteger a esa élite, no buscaba que los pobres produzcan, sino que dicha élite fuera la única que invirtiera y genere progreso económico. Sin embargo, fue precisamente dicha exclusión de intereses lo que ocasionó que la mayoría no cuente con derechos de propiedad y derechos humanos. Durante esta etapa, los costos de transacción eran entre regiones del país como las ventas de los productos agrícolas. Esto sucedía por el temor a ser colonizados nuevamente por algún país extranjero. Se debe recalcar que Gran Bretaña participó en la independencia mediante el envío de armas por embarcaciones, por lo que fue aliado de Perú. El interés de los ingleses por ayudarnos fue por la alianza comercial que tendría con Perú que, en un futuro, sería el control de los ferrocarriles en el mercado nacional.
Desde este tiempo, los costos de transacción se encontraron afectados por la corrupción que existía en ese entonces. Respecto a ese tema, el historiador Quiroz (2013) menciona lo siguiente: “Las cifras de metal en barras no registradas, transportadas en las naves británicas en las décadas de 1820 y 1830, brindan la base para el cálculo de las rentas perdidas debido al contrabando”. Es decir, la corrupción y los sobornos de los inversionistas extranjeros originó una inestabilidad estructural que finalmente terminó en una gran pérdida. En otras palabras, “esta inversión a la que se renuncia no es sino una parte de la inversión total perdida debido a otras condiciones adversas, tanto políticas como institucionales” (Quiroz, 2013). Así, los costos de transacción se vieron afectados por la corrupción.
Evidentemente, pese a que el Perú logró independizarse, se observa que no existió una unión ciudadana nacional debido a la búsqueda de los propios beneficios por parte de la élite limeña. Por ello, la mayoría de los peruanos quería un sistema económico proteccionista y muy pocos, el libre comercio. Sin embargo, poco después, surge la venta de un bien exógeno a países extranjeros, principalmente Inglaterra, donde necesitaban un fertilizante como el guano.
3.2 Boom del guano
Las élites peruanas no lograron crear un nacionalismo dotado de estabilidad; no obstante, al intentarlo, contribuyeron a definir los objetivos y la conciencia nacional. Cabe resaltar que el nacionalismo durante este período era entendido como una continuación de las estructuras organizacionales y económicas de la colonia (mercantilismo) (Gootenberg, 1997). Es decir, no era progresista ni autónomo, ya que no existía una burguesía o clase empresarial que realmente se interesara en el desarrollo y el crecimiento económico. Además, con la entrada del liberalismo el Perú incrementó su dependencia a las fluctuaciones internacionales, especialmente con Inglaterra y, de esa manera, pagamos la deuda a dicho país por la independencia. Por otro lado, es importante resaltar que hubo un evento exógeno que alejó al país del nacionalismo y lo convirtió en una economía liberal. Según Gootenberg (1997), fueron las exportaciones del guano lo que incentivó a que los peruanos abrieran sus puertas al comercio exterior y buscaran colaboradores extranjeros. Así, durante el boom del guano, hubo una aparente calma institucional.
Se menciona que existió una aparente calma institucional, porque se pensaba que al encontrarse el país en un auge económico, las instituciones estatales deberían estar laborando apropiadamente. En otras palabras, se consideraba que estaban administrando la economía eficazmente. No obstante, la etapa de la venta del guano se consideró como “La prosperidad falaz” acuñada por el historiador Jorge Basadre. Él mencionó que fue una pérdida total, ya que las instituciones peruanas presentaban una mentalidad rentista, es decir, solo gastan el dinero sin pensar de qué manera administrarlos para el futuro del país. Uno de estos exorbitantes gastos fue la compra del ferrocarril que fue innecesario, pues no brindaba ayuda monetaria al comercio nacional ni era factible en nuestra geografía. Sin embargo, la perspectiva de Basadre no fue del todo correcta, de acuerdo con Hunt (2011), “el ingreso generado por el guano debe haber creado una demanda sustancial por bienes y servicios producidos por la economía doméstica”. En otras palabras, la postura de Hunt es que la venta del guano no fue un fracaso total porque este permite un dinamismo local que beneficia a sus ciudadanos. Sin duda, la economía peruana, pese a este corto tiempo de auge económico, a diferencia de la anterior etapa, incrementó lo que genera un paulatino progreso en la economía doméstica . No obstante, el mal manejo de las instituciones para gestionar los ingresos fiscales, conlleva a una ardua crisis económica.
Durante esta etapa, existió una gran corrupción con respecto a los costos de transacción por parte del Estado. De acuerdo con Alfonso Quiroz (2013), “el soborno en los contratos oficiales de comercialización del guano en el extranjero, de obras públicas (especialmente en la construcción de ferrocarriles y muelles) y otras transacciones de aprovisionamiento del Estado— pasó a ser un rasgo prominente y el símbolo de la corrupción a lo largo del siglo XIX” . Dicha situación generó que los costos de transacción incrementaran por estos trámites ilegales. Es ahí que las instituciones peruanas no laboraron adecuadamente causando, nuevamente, inestabilidad política en una época que se creía de bienaventuranza plena.
3.3 Guerra del Pacífico
La guerra del Pacifico fue aquel escenario que afectó gravemente el ámbito económico al Perú. Se sabe que, con la venta del guano y el salitre, los ingresos fiscales incrementaron, pero debido a esta guerra cayeron. A su vez, generó grandes destrucciones de producción agrícola como las haciendas, conllevando a un paro laboral en esta actividad y un incremento muy lento. Por ende, los costos de transacción aumentaron.
Con el fin de proteger al Estado, se crearon instituciones militares como el Ejército, Armada Nacional y guardias civiles antes llamadas milicias cívicas. Evidentemente, durante la guerra, el que representaba al Perú era el Ejército como unidad nacional y hegemónica; sin embargo, fue inestable y poco profesional. Esto se debe a que la población temía a los militares, pues éramos gobernados por estos y algunos peruanos se sublevaban ante el Estado, porque no estaban de acuerdo con su régimen por reglas establecidas que eran consideradas arbitrarias. Se debe recalcar que muchos de los militares realizaban su trabajo por sus beneficios propios desde inicios de la República. En otras palabras, se afirma que el “Ejército decimonónico fue una institución débil, compuesto por un cuerpo de oficiales dividido en función de lealtades políticas, poco profesional, tropas obligadas a marchar o alistadas a cambio de beneficios coyunturales, y con instituciones técnicas débilmente desarrolladas, subordinadas a los objetivos de los caudillos” (Velásquez, 2018).
Entonces, se conocieron las cualidades del Ejército peruano y, durante la guerra del Pacífico, se pudo conocer cómo se enfrentó contra el enemigo, Chile. Se debe recalcar que los campesinos peruanos estaban disconformes con el Ejército peruano. Respecto a ello, Granados y Méndez (2012) indican: “Los ejércitos saquearon, reclutaron a la fuerza y cometieron innumerables abusos, frecuentemente tuvieron que atenerse a lo que los campesinos aceptaban darles a sus combatientes ya que el Estado carecía de la capacidad coercitiva que habría de adquirir más tarde, con un ejército institucionalizado”. Por lo tanto, esta guerra era la “máxima prueba para mostrar la eficacia del Ejército peruano -desafío que no se pudo superar exitosamente-, los peruanos se preguntan desde el siglo XIX si hubo posibilidad de que la historia fuera de otro modo” (Velásquez, 2018).
La consecuencia económica para el Perú fue la pérdida de las instalaciones salitreras a manos de Chile; el cual, nos daba un auge económico junto con el guano. Respecto a este tema, Cáceres (2000) anuncia: “Sus ingresos habían bajado considerablemente, producto de que el comercio exterior prácticamente había desaparecido. [...] Solamente las exportaciones de azúcar y otros productos menores darían un respiro a la economía peruana, la cual globalmente presentaba connotaciones de estancamiento”. En otras palabras, los costos de transacción en el Perú fueron descendiendo al no haber un comercio nacional seguro e internacional. De esta manera, durante esta guerra, se vivió una crisis institucional y económica que, con el tiempo, fuimos progresando poco a poco.
3.4 Los barones del azúcar (1902 al 1920 aprox. )
Durante la segunda mitad del siglo XIX, las instituciones se basaban en el Régimen Gamonal. Según Mariátegui, este régimen se caracterizaba “por la forma despótica de poder que se sustentaba en el predominio del latifundio en la sociedad rural, y la opresión a las masas indígenas” (Ibarra, 2002). Es decir, que el gobierno legitimaba el predominio de esa brecha de desigualdad de las relaciones de semi-servidumbre entre hacendados y campesinos. Evidentemente, las reglas de juego continuaban a favor de un pequeño grupo: una élite latifundista que no era capaz de mejorar la productividad de sus cosechas porque no existía un mercado verdaderamente competitivo. El hecho de que haya desigualdad implica que los costos de transacción sean elevados, pues la asimetría estructural ocasionó que solo se garanticen los derechos de propiedad de un pequeño sector. Así, solo los latifundistas contaban con la protección del Estado en caso, por ejemplo, alguien quisiera invadir sus territorios.
En el capitalismo mercantil había gran rentabilidad, pero que no dinamizaba la economía local, eso ocurría en las haciendas azucareras. Las familias que se adueñaron de las parcelas del norte son llamados también como “barones del azúcar”, si bien producían con técnicas relativamente modernas todavía mantenían relaciones productivas arcaicas (Burga y Flores, 1991). Por ejemplo, una forma fácil de conseguir mano de obra era a través del enganche. Esto consistía en realizar préstamos a algunos indígenas a cambio de que trabajen un período de tiempo en la hacienda. Sin embargo, estos préstamos crecían con muchos más intereses y al final, los indígenas debían permanecer en su hacienda de por vida. Este tipo de práctica abusiva es un claro ejemplo de la falta de capacidad institucional política de la época. Los indígenas no podían acceder a préstamos auténticos, en ese sentido, el Estado no los protegía de este accionar malicioso.
Asimismo, las haciendas azucareras crecían rápidamente a través de prácticas monopólicas y abusivas, debido a que el gobierno no protegía los derechos de propiedad de los pequeños propietarios de parcelas en el norte. Entonces, los barones del azúcar aprovecharon la falta de capacidad institucional del Estado para amenazar a sus pequeños adversarios, en desalojarlos a la fuerza o cerrarles el agua (así arruinar sus cultivos). Aquellas personas que por presión tuvieron que vender sus territorios se transformaron en una nueva clase social: en proletarios. En el largo plazo, este proceso de proletarización originó una consciencia de clase, una que permite que sus agentes perciban que fueron explotados y despojados de sus recursos y capital; y, en consecuencia, surjan huelgas de los recientemente denominados sindicatos. Según Cotler (1976), el rápido crecimiento de las haciendas azucareras dio como resultado que muchos pequeños propietarios y la clase media rural se desplazaran en la primera gran movilización social y económica (Citado en Matos, pág. 317). Como se mencionó, estas movilizaciones se traducen en un aumento de costos de transacción de negociación y cumplimiento del trabajo. Esto se debe a que en este escenario de conflicto social era más costoso garantizar que ambas partes cumplieran con sus contratos.
3.5 La Reforma Agraria
Como vimos líneas arriba, la monopolización de las tierras en el norte produjo una enorme proletarización y con ello el surgimiento de una primera gran movilización de sindicatos. Durante el período 1962-1964, se produce una segunda gran movilización campesina que cuestionaba la legitimidad institucional del país. Es decir, ponían en duda el rol de las instituciones: realmente garantizaban los derechos de propiedad de las mayorías rurales o solo la de algunos monopolistas. Según Cotler, el gobierno respondió no solo de manera represiva a las manifestaciones, sino que también comenzó a darle importancia al campesino desarrollando proyectos comunales y expropiando algunas haciendas con el fin de repartirlas (Citado en Matos, 1976). Todo ese accionar social y esa breve intención política por defender su legitimidad desembocó finalmente en la ejecución formal de la reforma agraria en 1969. Uno de sus objetivos era hacer más equitativo los derechos de propiedad, es decir, que los campesinos sean capaces de acceder a la tierra, producir, e integrarse al mercado. En ese sentido, romper con las relaciones de servidumbre en el campo y acabar con el latifundio en la costa.
Sin embargo, la Junta Militar con sus decisiones demostró poseer una visión estereotipada y errada sobre el campesino y la agricultura. Una de las críticas que realiza Caballero (1981) es que la reforma agraria debió ser distributiva y no colectivista. Las tierras no se parcelaron, se repartieron en cooperativas, es decir, a pequeños grupos de campesinos. El problema de esto es que forzaron el trabajo comunitario entre desconocidos, quienes presentaban otros problemas de antemano: la baja productividad, los cambios climáticos, la competencia con los precios de la costa y el extranjero (pág. 388). Por otro lado, la reforma agraria no fue selectiva, había terratenientes que no merecían perder sus tierras porque no explotaban a una servidumbre, sino que trabajaban en familia y eran muy productivos. Si bien la reforma agraria tenía como fin modernizar y mejorar la eficiencia de producción, lamentablemente hubo fallas porque no se estudió la situación particular de cada uno. Según Althaus (s.f.), la reforma agraria fue destructiva, ya que agravó las actividades empresariales ante la profunda desconfianza generada entre los supuestos beneficiarios de las cooperativas forzadas (Citado en Rochabrún, 2007). Este es un claro ejemplo de que no había capacidades institucionales administrativas de parte de los beneficiarios, ya que no contaban con experiencia y tampoco recibieron capacitación técnica.
De igual modo, no contaban con acceso a los créditos, incluso hubo corrupción dentro de las cooperativas, eso solo provocó que los costos de transacción aumenten. Asimismo, las instituciones jurídicas, por lo general, determinaban que era un delito realizar empresas en el campo. Eso no solo perjudicaba las actividades de los agrónomos, sino también impedía que entraran grandes capitales en las zonas rurales. Finalmente, los campesinos tuvieron más pérdidas que ganancias, así que terminaron por vender los territorios a sus antiguos dueños (Caballero, 1981). En síntesis, Velasco con esta reforma intentó romper con las reglas del juego que favorecían solo a una élite terrateniente. Lo destacable fue la intención que tuvo al reivindicar los derechos de propiedad de un sector socialmente marginado. Sin embargo, la falta de estrategia en su ejecución ocasionó que los costos de transacción no disminuyeran y que no hubiera confianza en los miembros de instituciones como las cooperativas ni en el aparato judicial.
3.6 El fujimorismo en los noventa
Por un lado, un elemento destacable dentro del régimen de Fujimori fue la creación de instituciones y la autonomía que garantizó en las preexistentes. Parte de estas decisiones fueron tomadas en base al Consenso de Washington, cuyo fin básicamente era reducir el nivel de endeudamiento de países Latinoamericanos como el Perú. En ese sentido, para autores como Wiese (2002) hubo una mejora institucional, dado que se otorgó mayor autonomía a instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Asimismo, se crearon nuevas instituciones que tenían como objetivo regular a los servicios privados, tales como INDECOPI y OSIPTEL (Citado en Fernández, 2003). Bajo esa perspectiva hubo una mejora significativa comparado al gobierno estatista de Alan García, que había agravado la situación económica del país con una hiperinflación. Es decir, la aplicación del Consenso de Washington fue clave institucionalmente porque le brindó mayor autonomía al BCRP. Este tipo de acciones contribuyeron a la recuperación económica del país, puesto que los inversores recuperaron la confianza en las instituciones: a diferencia del anterior gobierno estas reglas de juego sí garantizaban sus derechos de propiedad.
Por otro lado, la situación descrita anteriormente cambiaría después de la disolución del congreso realizada por el ex mandatario, por dos razones fundamentales: el autoritarismo y la corrupción. Primero, el autoritarismo que primó agravó el Estado de Derecho, esto se evidenció en las restricciones de las libertades civiles de los medios de comunicación que mostraban una postura en contra del régimen. De igual modo, con la persecución política a los opositores y las elecciones fraudulentas del año 2000. Estos elementos, según Rodríguez (2011), fomentan que las instituciones sean más ineficaces, ya que una dictadura suprime la libre competencia política. Un débil sistema político genera mayor temor en los inversionistas, puesto que se les hace más difícil predecir cómo se comportarán los gobiernos futuros. Entonces, la falta de instituciones en un ambiente democrático, contribuye a que los inversionistas trasladen sus grandes capitales a países que sí garanticen sus derechos de propiedad y donde los costos de transacción sean menores. Es decir, la ineficacia de la institucionalidad afecta en gran medida al sector económico.
Segundo, el gobierno del expresidente Alberto Fujimori se caracterizó por ser esencialmente uno de los más corruptos en la historia del Perú. Cabe resaltar, que la corrupción genera altísimos costes de transacción, dado que los ciudadanos desconfían en las instituciones judiciales, por citar un ejemplo. Tal como afirma Quiroz (2013), en la década de los noventa, los sobornos que percibían los congresistas, ministros y jueces aumentaron los costos de transacción y redujeron el prestigio de las instituciones reguladoras y correctivas (pág. 47). Es decir, se generó desconfianza respecto a los miembros de instituciones claves para el país, a tal punto que se elevaron los costos de obtener información o garantizar el cumplimiento de un contrato. Como explica Rodríguez (2011), los procesos judiciales fueron más ineficientes por sus elevados costos, ya que las decisiones judiciales en un escenario de corrupción generalizada se ven fuertemente influenciada por los políticos (pág. 83). De lo anterior, se puede inferir que el acceso a la justicia era desigual. Asimismo, si bien el tema de la corrupción es un eje transversal en las etapas analizadas previamente, su apogeo y en cierto modo su “institucionalización” comenzó a partir de este gobierno.
4. Actualidad
4.1. Ámbito social-político
A partir de lo sucedido en el régimen de Fujimori, el Perú ha sido incapaz de formar instituciones democráticas sólidas y eso se ha visto reflejado principalmente en la falta de cohesión en los partidos políticos. La mayoría de estos no están unidos por un sentimiento cívico que converge en ideales políticos en común, sino que han sido conformados a partir de alianzas improvisadas. Por otra parte, después del Fujimorismo, la ciudadanía ha demostrado cierta apatía por las instituciones: la desconfianza aumentó principalmente por la corrupción que primó en los noventa. Bajo ese marco, durante la pandemia han sucedido dos eventos importantes a nivel histórico e institucional.
En primer lugar, las manifestaciones contra el ex-mandatario Manuel Merino en noviembre del año pasado. Por un lado, este accionar, de una proporción significativa de la población, demostró que existen incentivos superiores que los individuos consideran suficientes para realizar una actividad colectiva, como lo fueron las marchas. Para ello Douglas North (1990) desarrolla el concepto de la ideología, esta nos permite comprender el funcionamiento de ciertas conductas que se alejan de una explicación neoclásica (pág. 61). De esta manera, los ciudadanos impulsados por una misma convicción salieron a protestar en contra del gobierno de facto. El motivo institucional de fondo es la incapacidad política porque los congresistas obligaron a que las reglas de juego funcionen de manera que sea posible vacar a Vizcarra. Según García (2013), la incapacidad moral es equivalente a decir incapacidad mental, dado que el término apareció por primera vez en la Constitución de 1839, y en ese entonces, moral era entendido como mental. Sin lugar a dudas la interpretación de los congresistas se aleja de sus orígenes, en ese sentido, las reglas del juego han sido interpretadas a favor de sus intereses propios.
Por otra parte, este hecho llamó la atención de la prensa internacional por la manera en que las protestas fueron reprimidas. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2020), documentó que la Policía Nacional del Perú no actuó conforme a los estándares internacionales durante las manifestaciones de noviembre del 2020. Al contrario, abusó de su fuerza para suprimir las marchas en su mayoría pacíficas (pág. 5). Por otro lado, el comportamiento que mostraron algunos medios televisivos al ignorar las protestas, generaron gran inquietud y preocupación. Estos hechos demostraron nuevamente que los ciudadanos no pueden confiar en las reglas del juego, en sus instituciones ni en sus representantes (los congresistas). En definitiva, el caos político-social incrementó los costos de transacción de la mayoría; sin embargo, costos como el de asistir a las manifestaciones, participar de los cacerolazos o en brindar apoyo económico, demostraron que los ciudadanos aún están dispuestos a asumir esos costos en pro de una causa que consideren importante.
En segundo lugar, según el diario El País (2021), los resultados electorales de la primera vuelta posicionaron a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, eso generó una masiva polarización política. El Perú se ha dividido de manera abrupta en dos, porque los seguidores de ambos candidatos consideran que su contrincante ponía en peligro la democracia. Este último período de campaña se caracterizó por sacar a relucir lo peor de la población: racismo, clasismo y prejuicios sociales. Bajo este escenario, la capacidad institucional de organizaciones como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) demostraron de cierta manera ser eficientes al momento de rendir cuentas de los resultados, dado que mediante sus redes sociales invitaron a los ciudadanos a unirse al Zoom de la audiencia de votos impugnados (Gestión, 2021). A pesar de que la decisión fue tomada en parte por presión ejercida por la población, al final tuvo resultados positivos, puesto que se demostró la transparencia de la institución al evaluar los pedidos de nulidad en una transmisión en vivo.
Sin embargo, la oficialización de los resultados presidenciales tardó más de lo esperado, ya que se presentaron demasiadas apelaciones de parte del partido de Fuerza Popular. De acuerdo al politólogo Tuesta, el comportamiento indeciso del JNE no ha sido el mejor para generar confianza en el proceso electoral (El Comercio, 2021). En efecto, eso provocó que la incertidumbre política aumentara los costos de transacción, porque los peruanos, en particular, los empresarios se encontraban ante las expectativas de los resultados. Por un lado, esto se debe a que las propuestas del partido de Perú Libre contemplaban un posible cambio constitucional, y con ello un cambio en las reglas de juego. Esto ocasionó que una proporción significativa de la población se alarmara. Por otro lado, que Keiko Fujimori, con tantas investigaciones pendientes, mostrara tanto control sobre los medios de comunicación también preocupó a la otra mitad de la ciudadanía. Bajo este contexto, el tipo de cambio se disparó y las expectativas inflacionarias aumentaron. En ese sentido, que los costos de transacción en las negociaciones se incrementaron ante tanta incertidumbre y caos político.
4.2. Ámbito económico
En el ámbito económico, el año del bicentenario y su predecesor fueron golpeados fuertemente por el inicio de la pandemia y con ella, la cuarentena absoluta establecida desde el 16 de marzo de 2020. Esto causó una de las caídas del PBI más grandes de la historia peruana, de un 11,1% ese año (INEI, 2021), debido a la paralización de la producción y, subsecuentemente, un aumento de la pobreza de 9,9% entre 2019 y 2020 (INEI, 2021).
Ante estas condiciones, el gobierno tuvo que tomar medidas económicas para contrarrestar el choque de oferta producido. Una de ellas fue la creación de préstamos de Reactiva Perú. Este programa estaba enfocado en mantener las cadenas de pago en el mercado. A través de una serie de garantías por parte del gobierno hacia los bancos, estos podrían disminuir su riesgo en los préstamos y tener mayores incentivos para prestar a tasas accesibles, a pesar de la incertidumbre. De esta forma, se mantenía la liquidez en un contexto sin o con menores ingresos. El programa se realizó en dos fases, cada una con 30 mil millones de dólares a disposición para los préstamos. Dependiendo del monto a prestar, la garantía dada por el gobierno variaba entre 80% y 98%. Los montos prestados a cada empresa serían correspondientes a “3 meses de ventas promedio mensual del año 2019” o “al monto equivalente a 2 meses promedio de deuda del año 2019”, dependiendo del tamaño de la empresa (MEF, 2021). De esta forma, se plantea, como condiciones previas, tener 2 años de solidez como empresa o historial crediticio.
Cuando el programa fue presentado por el presidente Vizcarra, inicialmente, se proponía dar préstamos a más de 350 mil empresas, durante la primera fase, de las cuales “314 mil [eran] empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores” (Andina, 2020). En la realidad, en ambas fases, 439 239 empresas accedieron a los créditos con un impacto en más de 2.7 millones de puestos de trabajos. De estas empresas, el 98,1% eran MYPES (BCRP, 2020). Sin embargo, el programa fue sumamente criticado. Por un lado, se mantenía la idea de que solamente prestaban a las grandes empresas y por otro, que las tasas de préstamo a las MYPES eran muy altas. Si bien las grandes empresas recibieron el 51,4% del dinero prestado (BCRP, 2020), esto es correspondiente a los gastos en los que tenían que incurrir, como la cantidad de trabajadores con las que contaban (más de 250), y proporcionalmente, podían recibir menos, en términos relativos, que las MYPES, ya que el monto máximo del préstamo era 10 millones por empresa (MEF, 2021). En cuanto a la segunda crítica, previo a la pandemia las tasas de interés promedio para las MYPES variaron entre 22,6% y 44,3% para los préstamos en soles (BCRP, 2020). Con Reactiva Perú las tasas de interés promedio fueron 1,12% en la primera fase, y 1,70% en la segunda. Esto muestra que fueron notoriamente menores a las que podrían acceder fuera de dicho contexto.
A pesar de ello, sí hubo problemas reales. En comparación a las MYPES existentes, solo se llegó a prestar al 3% de ellas (RPP Noticias, 2020), dejando al resto a la espera de otros programas que serían creadas con posterioridad. Esto dejaba a los grupos más vulnerables, que trabajan día a día, sin medidas de apoyo. Ello se debe a que el medio principal de préstamos eran los bancos, cuando las MYPES, usualmente financian sus empresas a través de las cajas. Además, la mayor parte de este tipo de empresas se encuentran en la informalidad o se disuelven en menos de dos años, por lo que, difícilmente, eran consideradas como posibles prestatarias por los bancos tradicionales. No obstante, el 77% de microempresas recibieron los préstamos sin la documentación requerida (BCRP, 2020), es decir, únicamente, lo hicieron con sus DNI, lo cual fue una muestra de flexibilidad aplicada en la segunda fase para incorporar a más empresas de menos de 10 trabajadores al programa.
A partir de estas complicaciones, se observa que, si bien el programa logró reducir los costos de transacción generados por la creciente incertidumbre de una crisis económica, este no fue del todo efectivo. Las MYPES y el gobierno funcionaban bajo distintos marcos institucionales. Esto significa, por ejemplo, que mientras el programa gubernamental priorizaba los préstamos bancarios, los prestamistas usuales para una MYPE eran cajas o micro prestamistas. Además, según la SUNAT (2020), el porcentaje de MYPES informales “asciende al 84%” (Citado en ComexPerú). Consecuentemente, las reglas de juego bajo las cuales funcionaban el 84% de las empresas más vulnerables eran distintas a las del Estado. Como resultado, la suma de ambas situaciones redujo la capacidad institucional, especialmente, la política, y en consecuencia imposibilitó que el gobierno pudiese actuar efectivamente contra la pandemia. En retrospectiva, para mejorar dicha situación se tendría que trabajar en realizar cambios institucionales progresivos en los dos lados de la economía -informal y formal- previos a la aplicación de cualquier programa, ya que la informalidad representa el aumento de costos de transacción, especialmente, los de cumplimiento.
Durante el año 2021, nuevas condiciones ocasionaron la exacerbación de la inestabilidad económica iniciada el año previo. La coincidencia de la recuperación de la pandemia y las elecciones resultaron en la subida del dólar, de 3.30 a 3.60 entre pre y post pandemia, y hasta 3.98, según el BCRP (2020), durante la temporada electoral. Además, la llegada de las elecciones, como un resultado de la inestabilidad política del último periodo gubernamental, ocasionó una polarización absoluta en las preferencias electorales, y consecuentemente, una segunda vuelta de extremos opuestos con candidatos de condiciones cuestionables. Dicha situación resultó en una percepción del aumento del riesgo. Por lo tanto, los costos de transacción se elevaron para consumidores e inversores –la posibilidad de que los contratos presentes institucionales, ya sean “reglas de juego” o contratos reales, cambien, drásticamente, era la principal motivación– y consecuentemente, inició un proceso de devaluación de la moneda que ocasionó el pico histórico en el tipo de cambio mencionado con anterioridad.
Adicionalmente, el aumento de costos de transacción, también se vio reflejado en el aumento de costo de vida, ya que la permanencia de un mayor tipo de cambio ocasiona que los productos importados, en diversas industrias, sean más caros. En consecuencia, por primera vez desde que se estableció el rango meta, en junio de 2021, la inflación interanual se encontró fuera de dicho rango, con 3.3% (2020). Esto es signo de que ante la posibilidad de que sucedan cambios institucionales abruptos y, no necesariamente percibidos como beneficiosos, los agentes reaccionan a través de la especulación ante la percepción de un crecimiento en los costos de transacción.
4.3. Ámbito salud
El sistema de salud peruano se encuentra afectado tras la aparición del coronavirus, puesto que, desde su inicio, solo “cinco hospitales en Lima se encuentran listos para albergar algún paciente sospechoso con este virus surgido en Wuhan” (UPCH, 2020). Sin embargo, en provincias, no había algún hospital que presente las implementaciones de Lima como los medicamentos o insumos para combatir y controlar dicha enfermedad. Asimismo, “desde marzo del 2020 se han ejecutado cerca de US$1.705 millones en el sector salud para atender el COVID-19, cifra que equivale al 0,86% del PBI. Es menor al gasto de Brasil y Colombia” (IPE, 2020).
Desde el inicio de la pandemia, la cantidad de médicos en el Perú no era la cantidad idónea en el sistema de salud, ya que “el país contaba con 13,6 médicos por cada diez mil habitantes. Asimismo, se registraron apenas 0,4 camas de cuidados intensivos (UCI) por cada cien mil habitantes. [...] el país tenía cinco ventiladores mecánicos por cada cien mil habitantes” (IPE, 2020). Esta situación refleja la vulnerabilidad del sistema precario de salud, para el cual no estábamos plenamente preparados.
Asimismo, la cuarentena total no fue la mejor opción tras la llegada del coronavirus, ya que no se consideró las condiciones particulares de las provincias del país y, a su vez, no fue focalizada. Respecto a ello, el primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Guillermo Benavides Zavaleta (2021) indicó: “La cuarentena focalizada está mal orientada, porque va solo por el lado territorial. Debemos focalizarnos en los puntos en los cuales se desarrollan actividades de alta informalidad, donde no existe ningún protocolo, ni distancia social, al contrario de lo que ocurre en las empresas formales”. Adicionalmente, se debe recalcar que muchos peruanos perdieron sus trabajos durante la pandemia. Por tanto, no podían cubrir sus gastos en medicamentos ni recibían la atención inmediata o adecuada por la carencia de doctores, camas UCI, medicamentos, balones de oxígeno y hospitalizaciones. Asimismo, el precio de los balones de oxígeno y medicina para combatir el virus se valorizaba a un precio exorbitante que asciende a 1800 soles. Estas situaciones conllevan a que la población pida préstamos altísimos a los bancos, vendan sus propiedades u órganos, en casos extremos, para lograr sobrevivir.
De esta manera, si la cuarentena hubiera sido focalizada mediante el mecanismo de “tracking” -sistema de ubicación que proporciona una secuencia ordenada de datos para su procesamiento-, entonces, muchos peruanos no hubieran perdido sus empleos y, de esta manera, tendrían el dinero necesario para combatir este virus. En efecto, hubo falta de capacidades institucionales en el manejo de la pandemia, tanto a nivel político como administrativo. Sin embargo, se está tratando de mejorar con un organizado Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al Riesgo de Introducción del Coronavirus 2019-nCoV y el Protocolo para la Atención de Personas con Sospechas o Infección Confirmada por Coronavirus COVID-19 (Minsa, 2020). Asimismo, la escasez de pruebas rápidas en casi todo el país es muy grave, principalmente en provincias, donde se veía un mal seguimiento de los contagiados en el país. El presidente de la Federación Médica de Áncash, Bonilla comentó: “Desde hace 10 días no tenemos pruebas rápidas, a excepción del Hospital Regional de Huaraz, que tiene algunas pruebas, pero se prioriza a pacientes que requieren tratamiento especializado. [...] El otro problema es que las muestras moleculares que son pocas se envían a Lima y demoran hasta 5 días en regresar” (Citado en Radio Nacional, 2021).
A pesar de todo, durante este año, el sistema de vacunación ha ido avanzando, siendo los primeros vacunados los más vulnerables como los adultos mayores o los que padecen alguna comorbilidad considerada por el Ministerio de Salud. De esta manera, muchos peruanos están siendo vacunados en el Vacunatón, principalmente en Lima. Respecto a este tema, el diario El Peruano (2021) informa: “El Perú supera los más de 8 millones de personas vacunadas contra el covid-19, entre adultos mayores, personal de primera línea, personas con comorbilidades y de 50 años a más”. Sin embargo, en provincias, las vacunas son muy limitadas, por lo que el sistema de vacunación es mucho más lento que en la capital. Las provincias con mayor cobertura a la vacuna son Chachapoyas con 74,4%, Cusco con 73,7% y Tacna con 68,9% (El Comercio, 2021).
Actualmente, en Latinoamérica, el Perú ocupa el quinto lugar con casos positivos de COVID-19 (La República, 2021) y el tercer lugar con la tasa de mortalidad más alta (El País, 2021). Hasta ahora se han reportado más de 195 mil muertes entre jóvenes, adultos y adultos mayores. A su vez, se pudo evidenciar la precariedad de un sistema de salud público, pues el Perú suele invertir menos del 3% del PBI, siendo una de las tasas más bajas en Latinoamérica. Lamentablemente, al presentar un sistema de salud crítico desde el inicio de la pandemia, solo había menos de 300 camas UCI en los hospitales limeños disponibles para el COVID-19 y menos de la mitad en provincias. Cabe resaltar que existe una fragmentación en el sistema de salud, pues aproximadamente 7 millones de peruanos no cuentan con un seguro de salud ya sea público o privado (APESEG, 2019). Sin embargo, en la actualidad, el diario El Peruano (2021) informa: “Más de 9 millones de personas sin seguro de salud se afiliaron al SIS durante la pandemia”. Esto se debe a que, al ser asegurados, cuentan con la protección financiera para la atención y tratamiento del coronavirus. No obstante, al existir escasas implementaciones del sector salud estatal, muchos peruanos no pueden acceder totalmente a este servicio.
En efecto, el sistema de salud peruano presenta desafíos para brindar un buen acceso al servicio de salud a sus ciudadanos. Esta pandemia mundial ha reflejado la necesidad de crear una reforma estructural en el sistema de salud como, por ejemplo, garantizar mayor disponibilidad de los establecimientos hospitalarios por el coronavirus. A pesar de eso, lo positivo de esta pandemia es la aparición de las teleconsultas, que para muchas familias peruanas ha sido un gran beneficio, ya que pueden encontrarse a una distancia muy lejana de los hospitales. Así, el Perú tiene muchos retos que cumplir, que poco a poco lo estamos logrando.
5. Conclusiones
La falta de capacidad institucional afectó negativamente el ámbito económico, político y social en diferentes etapas históricas. En relación a lo económico, cuando no hay capacidad institucional, tanto política como administrativa, aumentan los costos de transacción de negociación, cumplimiento y vigilancia. En relación a lo político, la falta de capacidad institucional afecta negativamente la confianza de la sociedad en sus instituciones, y a largo plazo genera apatía política. Finalmente, en relación a lo social, si la sociedad no cuenta con capacidad institucional, difícilmente van a tener garantizados sus derechos de propiedad y por ende, aumenta la brecha de desigualdad. En general, los tres ámbitos se articulan porque la interacción entre organizaciones políticas, sociales y económicas dependen de las instituciones. En sí, la relación más directa es entre el desempeño económico y la institucionalidad, dado que la primera depende sustancialmente de la segunda.
A nivel histórico existen ciertas tendencias:
2.1. A lo largo de diferentes etapas, la corrupción es una de las causas principales del aumento de los costos de transacción. Cabe resaltar que el aumento de los costos de transacción son perjudiciales para el progreso del país, dado que generan pérdidas de eficiencia económica. Si bien el tema de la corrupción es un eje transversal, tuvo como auge la década de los noventa, ya que con el régimen de Fujimori se institucionalizó fuertemente la corrupción en el aparato estatal y gran parte de la población perdió confianza en sus instituciones.
2.2. La institucionalidad modifica las reglas de juego para beneficiar económicamente a una élite. Eso genera prosperidad económica al país, pero no se ve reflejado necesariamente en toda la población. Principalmente, porque es esa misma élite la que solventa la creación de las reglas de juego. El ejemplo más destacable fue la Era del Guano, porque el crecimiento económico no se vio reflejado en todos sus habitantes. En ese sentido, las instituciones nos permiten entender el éxito y el fracaso de países en desarrollo como el nuestro.
3.1. En cuanto a lo político, la población ha demostrado menos apatía que antes sobre su visión de las instituciones. Si ven que la institucionalidad presenta problemas, toman acción ante ello. Un ejemplo de ello son las marchas contra el régimen de Merino, a través de las cuáles se expresó el descontento de forzar las reglas de juego hacia determinados intereses. Esto demuestra que los individuos están dispuestos a asumir ciertos costos de transacción siempre que se defienda una causa percibida como necesaria.
3.2. En cuanto a lo económico, la institucionalidad se encuentra dividida en dos: la dinámica formal e informal. La capacidad estatal política y administrativa tiene grandes dificultades para actuar sobre el sector informal, y es, mínimamente, eficiente al actuar sobre el formal. Por lo tanto, la informalidad genera mayores costos de transacción. Debido a ello, se tiene que trabajar en un cambio institucional progresivo para solucionar el problema.
3.3. En cuanto a la salud, se ha trabajado en la construcción de capacidades estatales durante la pandemia, una vez los hechos extremos enfrentaron a las existentes con un panorama extremo. Sin embargo, estas dejan mucho que desear, tanto en el ámbito político, con las coordinaciones de metodologías y distribución de información, como en el administrativo, con la mejora de los aparatos técnicos y el personal, que en la actualidad es insuficiente.
Referencias
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG). (6 de junio de 2019). Más de 7 millones de peruanos aún no cuentan con un seguro de salud. APESEG.
https://www.apeseg.org.pe/2019/06/mas-de-7-millones-de-peruanos-aun-no-cuentan-con-un-seguro-de-salud/
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2020). Reporte de Inflación – Junio 2021: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2021. Lima, Perú: Banco Central de Reserva del Perú.
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2020). Reporte de Inflación – Setiembre 2020: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2020-2021. Lima, Perú: Banco Central de Reserva del Perú.
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (2020). TC Interbancario (S/ por US$) – Venta. Recuperado de https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04638PD/html
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Caen tasas de interés en 2020, principalmente MYPES y medianas empresas. (2020, febrero 2021) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Recuperado de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2021/nota-informativa-2021-02-01.pdf
Burga M. y Flores A. (1991). La hacienda azucarera: tecnología y explotación. Apogeo y crisis de la República Aristocrática (pp. 46-61). Rikchay.
Caballero, J. (1981). Economía agraria de la Sierra peruana antes de la reforma agraria de 1969. Un análisis de conjunto (pp.371-398). IEP Ediciones. https://repositorio.iep.org.pe/bitstream/handle/IEP/595/caballero_economiaagrariadelasierra.pdf;jsessionid=13F835A2DAD18386A04E8FEAC75FF26A?sequence=2
Cáceres, J. (2000). Guerra y finanzas públicas en Chile y Perú, 1860-1890. Universidad Andrés Bello, (7), 145-164.
https://core.ac.uk/download/pdf/288915306.pdf
Castro, J. (16 de junio de 2021). Fernando Tuesta: “El daño que están haciendo a los procesos electorales es lamentable”. El Comercio. https://elcomercio.pe/elecciones-2021/fernando-tuesta-el-dano-que-estan-haciendo-a-los-procesos-electorales-es-lamentable-entrevista-elecciones-2021-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-fujimori-peru-libre-fuerza-popular-resultados-de-la-onpe-noticia/?ref=ecr
Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), (31 de agosto de 2020). Retorno a la cuarentena frena la recuperación económica y no soluciona el problema sanitario. CCLL.
http://www.camaratru.org.pe/web2/index.php/jstuff/noticias-destacadas/item/5427-ccll-retorno-a-la-cuarentena-frena-la-recuperacion-economica-y-no-soluciona-el-problema-sanitario
Coatsworth, J. (2012). Desigualdad, instituciones y crecimiento económico en América Latina. Economía, 35 (69), 205-230.
ComexPerú (2020). Las micro y pequeñas empresas en el Perú - Resultados en 2019: Informe anual de diagnóstico y evaluación acerca de la actividad empresarial de las micro y pequeñas empresas en el Perú, y los determinantes de su capacidad forma. Lima, Perú: ComexPerú.
Cotler, J. (1991). Haciendas y comunidades tradicionales en un contexto de movilización política. En J. Matos Mar (Comp.), Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú (pp. 311-347). IEP Ediciones.
El Comercio. (20 de julio de 2021). Vacuna COVID-19: ¿cuáles son las tres provincias con mejor cobertura de vacunación?. El Comercio.
https://elcomercio.pe/peru/vacuna-covid-19-cuales-son-las-tres-provincias-con-mejor-cobertura-de-vacunacion-minsa-chachapoyas-cusco-tacna-nndc-noticia/?ref=ecr
El Peruano. (17 de junio de 2021). SIS: Más de 9 millones de personas sin seguro de salud se afiliaron durante la pandemia. El Peruano.
El Peruano. (5 de julio de 2021). ¡Seguimos sumando! Perú supera los más de 8 millones de vacunados contra el covid-19. El Peruano.
https://elperuano.pe/noticia/123996-seguimos-sumando-peru-supera-los-mas-de-8-millones-de-vacunados-contra-el-covid-19
Fowks, J. (1 de junio de 2021).Perú registra la mayor tasa de mortalidad del mundo por la covid. El País. https://elpais.com/internacional/2021-06-01/peru-eleva-de-68000-a-180000-los-muertos-por-la-pandemia-de-la-covid-19.html
García, A. (2013). La incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en el sistema constitucional peruano. Pensamiento Constitucional, 1(18), 383-402. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/view/8962/9370
Gestión (9 de junio de 2021). EN VIVO: JEE Lima Centro 2 transmite audiencias sobre votos impugnados. Gestión. https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-2021-segunda-vuelta-jee-de-lima-centro-2-transmitira-20-audiencias-sobre-votos-impugnados-este-miercoles-9-nndc-noticia/?ref=gesr
Gootenberg, P. (1997). Conclusiones: Nacionalismo, dependencia y Estado- nación en el Perú. En Eleonora Palco (trad.), Caudillos y comerciantes. La formación económica del estado peruano 1820-1860 (pp. 251-280). Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas".
Granados, C. y Méndez, C. (2012). Las guerras olvidadas del Perú: Formación del Estado e imaginario nacional. Revista de Sociologia e Política, 20 (42), 57-71.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=23823143006
Hunt, S. (2011). Guano y crecimiento en el Perú del siglo XIX. En La formación de la economía peruana. Crecimiento y distribución en la historia del Perú y América Latina (pp. 71-164).IEP. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/libros/2020/la-formacion-de-la-economia-peruana.pdf
Ibarra, H. (2002). Gamonalismo y dominación en los Andes. Revista de Ciencias Sociales, 1 (14), 137-147. https://www.redalyc.org/pdf/509/50901413.pdf
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021). Comportamiento de la Economía Peruana en el Cuarto Trimestre de 2020. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-pbi-iv-trim-2020.pdf
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Pobreza monetaria alcanzó el 30,1% de la población del país durante el año 2020. (2021, mayo 14). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Recuperado de https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-alcanzo-al-301-de-la-poblacion-del-pais-durante-el-ano-2020-12875/
Instituto Peruano de Economía (IPE), (8 de febrero de 2021). Inversión de pandemia. IPE.
https://www.ipe.org.pe/portal/inversion-de-pandemia-salud/
La República, (18 de julio de 2021). Perú vacunó al 12% de su población con dos dosis y ocupa el quinto lugar de Sudamérica. La República.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/07/18/peru-vacuno-al-12-de-su-poblacion-con-dos-dosis-y-ocupa-el-quinto-lugar-de-sudamerica/
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Programa de Garantías Reactiva Perú. Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=102665&lang=es-ES&view=article&id=6429
Radio Nacional, (14 de mayo de 2020). Denuncian falta de pruebas para covid-19 en hospitales de Áncash. Nacional.
https://www.radionacional.com.pe/noticias/nacional/denuncian-falta-de-pruebas-para-covid-19-en-hospitales-de-ancash
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press
Peters, G., Pierre, J., & King, D. (2005). The Politics of Path Dependency: Political Conflict in Historical Institutionalism. The Journal of Politics, 67(4), 1275-1300. doi: 10.1111/j.1468- 2508.2005.00360.x
Presidente Vizcarra: Reactiva Perú garantiza que economía seguirá funcionando. (2020, abril 6). Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-reactiva-peru-garantiza-economia-seguira-funcionando-791799.aspx
Reactiva Perú habría llegado solo al 3% de las MYPES. (2020, julio 9). RPP Noticias. Recuperado de https://rpp.pe/economia/economia/reactiva-peru-habria-llegado-solo-al-3-de-las-mypes-pequenas-empresas-microempresas-negocios-coronavirus-en-peru-noticia-1278930
Resolución 056 de 2020 [Ministerio de Salud]. Por la cual se establecen medidas para reducir el impacto sanitario, social y económico en el país ante el riesgo de introducción de 2019-nCov. 31 de enero del 2020.
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/505245/resolucion-ministerial-039-2020-MINSA.PDF
Rochabrún, G. (2007). La revolución capitalista de Jaime de Althaus: una mirada desde Marx. Debates en Sociología, 1 (32), 157-166.
Rodríguez, V. (2011). La debilidad institucional en el Perú: ¿La falta de competencia política limita el fortalecimiento institucional? Revista de la Facultad de Ciencias Contables, 19 (36), 83-112. https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/6490/5707
Rosas, A. (2008) Una ruta metodológica para evaluar la capacidad institucional. Política y Cultura, 30, 119-134. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n30/n30a6.pdf
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos [ACNUDH]. (2020). Informe sobre la Misión a Perú, 17 - 22 de Noviembre de 2020. Lima.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PE/Informe-Mission-Peru_SP.pdf
Quesada, J. (30 de mayo de 2021). La extrema polarización divide Perú a una semana de las presidenciales. El País. https://elpais.com/internacional/2021-05-30/la-extrema-polarizacion-divide-peru-a-una-semana-de-las-presidenciales.html
Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. En J. Flores Espinoza (trad.) El fracaso de las reformas coloniales, 1750- 1820 (pp.59-121). IEP Ediciones. https://documentos.memoriayciudadania.org/api/files/1499767039892xjbm50f79l67uobb227ggy14i.pdf
Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. En J. Flores Espinoza (trad.) Cálculos estimados del costo histórico de la corrupción en el Perú (pp.535-554). IEP Ediciones. https://documentos.memoriayciudadania.org/api/files/1499767039892xjbm50f79l67uobb227ggy14i.pdf
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), (6 de marzo de 2020). Cinco hospitales del Minsa se encuentran preparados para albergar posibles pacientes con el virus Covid-19. UPCH.
https://www.cayetano.edu.pe/cayetano/es/noticias/881-cinco-hospitales-del-minsa-se-encuentran-preparados-para-albergar-posibles-pacientes-con-el-virus-covid-19
Velásquez, D. (2018). Ejército, política y sociedad en el Perú, 1821-1879. Trashumante, (12), 142-164.
https://www.redalyc.org/journal/4556/455657102008/html/
Wise, C. (2002). WISE, Carol, 2003. Reinventando el Estado: estrategia económica y cambio institucional en el Perú. Lima: Universidad del Pacífico. Apuntes. Revista De Ciencias Sociales, (51), 125-128. https://doi.org/https://doi.org/10.21678/apuntes.51.528
Comentarios
Publicar un comentario