Trata de mujeres: dinámicas sociales y económicas que sustentan la explotación sexual femenina en el Perú.
Resumen
En la actualidad, la trata de mujeres persiste alrededor del mundo y permanece oculta mediante distintas formas de explotación sexual, trabajo forzoso o cautiverio. Este fenómeno atenta directamente contra los Derechos Humanos, dado que le consigna a la mujer un valor de consumo dentro de un mercado que actúa impune ante estos hechos. En el Perú, dicha problemática cobra un gran número de víctimas desde tiempos remotos. Por tal motivo, el presente artículo tiene como objetivo analizar las dinámicas sociales y económicas que sustentan la explotación comercial femenina. Asimismo, observar de qué modo tales dinámicas agravan la condición de vulnerabilidad de las mujeres convirtiéndolas en potenciales víctimas, muchas veces, por la falta de involucramiento del Estado.
Palabras clave: explotación sexual, mujeres, pobreza, economía, iniciativas gubernamentales.
1. Introducción
El comercio sexual es un fenómeno signado por el género. Implica principalmente a mujeres y niñas que se venden a hombres: el 98% de las personas que se venden mediante la trata son mujeres y niñas. Sin embargo, ha surgido una nueva forma de referirse a tal problemática, sus promotores la llaman “trabajo sexual” en el que afirman que la prostitución es un trabajo como cualquier otro y no debe considerarse como una violación de nuestros derechos, sino más bien como un derecho en sí. Esto refleja claramente la encarnación del derecho patriarcal, el derecho incuestionable de todo varón a disponer del cuerpo de las mujeres, así como de la alianza tan normalizada que se ha establecido entre sexualidad y negocio, lo cual, abiertamente transgrede el principio de libertad femenina. Asimismo, cabe preguntarnos de qué modo el neoliberalismo económico sustenta, en la desigualdad de género y el “neoliberalismo sexual”, sus principios pragmáticos: todo tiene un precio, todo se puede comprar y vender (De Miguel, 2015). Es un hecho que hoy por hoy se deshumaniza a la mujer al convertirla en un bien de consumo, idea que sustenta una nueva forma de esclavitud moderna: la trata de mujeres alrededor del mundo.
Actualmente, diversas instituciones a nivel internacional incluyen en su agenda la lucha por la esclavitud moderna. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea una serie de metas también conocidas como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030. El objetivo 5 de los ODS es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. De esta meta, el inciso 5.2. busca eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Otras organizaciones que buscan erradicar la explotación sexual son Fin de la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y el Tráfico de Niños con fines Sexuales (ECPAT), Coalición, abolición y prostitución (CAP INTL), entre otras.
La trata de personas es un problema social, ya que es una violación muy grave a los derechos humanos porque afecta la dignidad, la libertad y la vida de los individuos. Además, implica una muy presente violencia de género, pues la mayor parte de las víctimas son mujeres y niñas. Capital Humano y Social alternativo (CHS) define la trata como el delito en el que se capta a una persona para explotarla, ya sea sexualmente, laboralmente o bajo otras modalidades (s.f.). Una de las formas de trata de personas es la explotación sexual, la cual quiere decir violación de los derechos fundamentales en relación con el abuso sexual de una persona, ya sea niño, niña, hombre o mujer (Punto Seguido, 2020). Esta se desarrolla a partir de la captación, la recepción o la retención de personas, a través del uso de la violencia, la amenaza u otras formas de coacción con fines de explotación sexual.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estableció que, entre los años 2003 a 2017, ha habido 225 000 víctimas de trata de personas, de las cuales, el 75% eran mujeres y niñas que, en su mayoría, tenían fines de explotación sexual (UNODC, 2017). En el plano nacional, la Policía Nacional del Perú (PNP) en el año 2018 registró un total de 734 denuncias por trata de personas, cuyo porcentaje señaló que el 89,2% eran mujeres, de las que el 56,3% tenía de 18 a 29 años de edad, el 32,5% eran menores de edad, 11,0% de 30 a 59 años y 0,2% de 60 y más años de edad (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2019).
Desde hace más de una década se presencia este tipo de violencia a los DD.HH. en Madre de Dios, donde el rostro femenino es comercializado en los famosos prostibares. Estos negocios se sostienen de la principal actividad económica de Madre de Dios, la minería, ya que son esencialmente los hombres dedicados a dicha actividad quienes acuden a los prostibares. De ese modo, la expansión de la minería ha provocado que Madre de Dios se convierta en uno de los focos centrales de la trata de personas. Se calcula que aproximadamente hay alrededor de 80 bares, donde por lo menos 2 mujeres adultas y 3 menores de edad son explotadas sexualmente (UNODC, 2012). Las decenas de mujeres son atraídas con avisos publicitarios de periódicos o carteles colocados principalmente de las zonas altoandinas de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Puno y Pucallpa. Se ven forzadas a vivir en malas condiciones de vida: se encuentran mal alimentadas, reciben salarios bajísimos, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y en caso de adquirir alguna, ellas mismas deben costear su tratamiento a precios sobrevaluados (IDEI, 2009). A pesar de que la mercantilización de mujeres es una realidad vigente en Madre de Dios, las autoridades regionales y el gobierno central han demostrado desinterés en solucionar este problema.
En base a lo explicado, la finalidad de este trabajo es reflexionar sobre el grado de vulnerabilidad de las mujeres y la cosificación del cuerpo femenino en la trata de personas en Madre de Dios. En ese sentido, poder identificar las principales causas que permiten la continuidad de este problema. Para ello, este artículo se ha dividido en tres secciones direccionado con un enfoque institucional y económico. En el primer apartado, está compuesto por el marco general de la explotación sexual y la presentación de las variables: economía de subsistencia, pobreza y explotación sexual femenina. En el segundo apartado, se desarrolla la situación de la explotación femenina en Madre de Dios antes y después de la pandemia. Finalmente, se analizan las iniciativas gubernamentales y civiles para enfrentar esta problemática, a su vez, la relación socioeconómica respecto al PBI.
2. Marco general de la explotación sexual
2.1. Clasificación de la explotación sexual
Una problemática social que preocupa al mundo entero desde hace muchos años es la explotación sexual. Esta se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación sexual (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2000).
De La Torre Salazar (2007) indica que, hasta poco más de 10 años, el negocio de la trata de personas es señalado como la tercera actividad más rentable del crimen organizado en el ámbito mundial, después del tráfico de drogas y armas. Según se calcula, aun cuando la naturaleza ilícita de esas actividades hace difícil llegar a estimaciones fidedignas, la industria del sexo genera cada año entre 7 000 y 12 000 millones de dólares. Entonces, la rentabilidad de esta actividad ilícita favorece su persistencia. Asimismo, Binfa y Rojas (2008) señalan que por el carácter clandestino de la problemática y la heterogeneidad de los actores, lugares y formas en que se desarrolla, no es posible obtener estadísticas precisas acerca de su magnitud. Sin embargo, estimaciones globales mencionan cerca de 2 millones de víctimas en el mundo. América Latina y el Caribe presentan la mayor prevalencia del fenómeno.
La explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y de violencia y representa una de las peores formas contemporáneas de esclavitud, ya que se desarrolla a partir del engaño y la violencia para finalmente obtener beneficios sexuales del cuerpo de esa persona (Giammattei, s.f.). Algunas de las formas de explotación sexual que existen en el mundo son relaciones sexuales a cambio de dinero, pornografía de niños y adultos, matrimonios serviles o también llamados arreglados que se desarrollan a temprana edad mediante acuerdo de los padres y trata de personas, lo cual involucra su captación, traslado y recepción, ya sea dentro o fuera de las fronteras de un país, con fines de explotación sexual (Binfa y Rojas, 2008). Esta última forma de explotación sexual es la que se tratará en el presente artículo.
2.1.1. Brecha de género
Informes realizados por la ONU (2018) refieren una tendencia creciente de víctimas de explotación sexual, del 58% en 2016 y 64% en 2018, del cual, la inmensa mayoría, el 96% son mujeres y niñas. Esto significa que hay una amplia brecha de género existente en esta problemática. Cada año entre 600 000 y 800 000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata para, consecuentemente, ser explotadas sexualmente. Algunos factores que explican la mayor vulnerabilidad en las mujeres son los siguientes: el sistema patriarcal, los conflictos armados, la desigualdad en la educación, en formación y ámbito laboral son situaciones que las llevan a emigrar buscando un presente y un futuro mejor (Paz y desarrollo, 2012).
Mersing (2014) menciona que mientras no haya una igualdad en el acceso a los recursos y a las oportunidades por parte de hombres y mujeres, y se deje de ver a las mujeres como mercancías susceptibles de ser comercializadas o “consumidas”, la explotación sexual seguirá manteniéndose y destruyendo la vida de millones de mujeres y niñas.
2.1.2. Feminización de la pobreza
La ONG Agua de Coco (2017) caracteriza la feminización de la pobreza como el aumento de las tasas de pobreza entre las mujeres, quienes, debido a los fenómenos sociales relacionados a roles de género, división sexual del trabajo, dificultad para acceder a la educación, un trabajo digno y su discriminación histórica y presente buscan mecanismos para huir de su situación actual. Por ello, es que tanto mujeres como niñas son víctimas muy susceptibles a creer en las promesas de sus captores y estar sometidas a sus ordenes. Es decir, la pobreza es la marca de todas aquellas mujeres que son objeto de trata, la mayoría son engañadas fácilmente con un trabajo y una mejor calidad de vida.
2.2. Modalidades de captación y mecanismos de retención
La ONG Capital humano y social alternativo define la captación como la forma de reclutamiento o contacto entre la víctima y el tratante (s.f.). Por su parte, la retención se produce con la llegada de la víctima al entorno o lugar de explotación donde el tratante ejercerá diversas formas de control o coerción sobre la víctima.
Las principales razones o modalidades que observan los proxenetas para captar la atención de sus víctimas es su bajo nivel educativo medio, su situación de pobreza y/o la carga familiar que tienen en sus hogares. Esto último es explotado gracias a la vulnerabilidad de las mujeres y niñas que han huido de su hogar debido a la violencia. El impacto psicológico y el estigma social del engaño pueden aumentar la debilidad de la mujer ante la manipulación y la explotación por parte de los traficantes (Phinney, 2007). Otras formas bastante comunes son falsas ofertas de empleo, seducción, redes sociales y medios de difusión virtuales y/o padrinazgo.
Asimismo, según Capital humano y social alternativo, el tratante puede recurrir a determinados medios para retener a sus víctimas, tales como violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, fraude o engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, dar o recibir pagos, o cualquier beneficio. Entonces, por todo lo mencionado en este inciso, podemos decir que la captación de personas, víctimas de la explotación sexual, ocurre cuando estas se encuentran vulnerables emocional, social o económicamente y sus captores las retienen aprovechando sus miedos y utilizando la violencia.
2.3 Datos estadísticos de explotación sexual
La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) realizó un reporte sobre el tráfico de personas alrededor del mundo en el año 2020. Este ayudará a entender mejor cuál es la situación del tráfico de personas a nivel global y, consecuentemente, porque lo exponen como una razón por la que ocurre esta forma de maltrato comercial, la explotación sexual.
por región de detección, 2018 (o más reciente)
Algunas observaciones que pueden hacerse a partir del gráfico anterior es que durante los años 2018 hasta 2020, grandes cantidades de mujeres y niñas han sido víctimas (detectadas) de la trata de personas en distintas partes del mundo, siendo América del Norte, Europa Occidental y del Sur y Asia Sur las regiones con mayor cantidad de mujeres y niñas víctimas del tráfico de personas. Además, de acuerdo a la UNODC (2020), existen distintas formas de explotación que se dividen en las siguientes proporciones: 50% de las víctimas padecen explotación sexual, 38 %, trabajos forzados, 6%, actividad criminal y 1%, mendicidad, matrimonios forzados, entre otros.
por regiones, 2018 (o más reciente)
Al analizar las principales formas de explotación que sufren las víctimas de trata de personas, también se puede analizar cómo se reparten estos alrededor del mundo y según el género de la víctima. Así, se observa que, en América del Norte, Centro y del Sur, Asia Este y el Pacífico y Europa Central y del Sureste, el tráfico de personas se realiza con fines de explotación sexual a mujeres y niñas. Además, en Europa del Este y Asia Central, Europa Occidental y del Sureste y África del Norte y el Este Medio, hay explotación sexual de mujeres y niñas, trabajos forzados en hombres, mujeres y niñas y otras formas de explotación en los niños. En el resto de continentes se produce trabajo forzado en mujeres, hombres, niñas y niños.
3. Situación de la explotación sexual femenina en el Perú
3.1 Mercado del oro peruano
El dinamismo alcanzado por la economía peruana durante el periodo 2003-2012, no solo trajo consigo incrementos porcentuales en el Producto Bruto Interno (PBI), sino significó, de igual modo, el crecimiento de diversas actividades ilegales; tales como, la tala indiscriminada de árboles, el narcotráfico y la minería ilegal. Esta última, introdujo un nuevo ciclo económico con la explotación intensiva de lavaderos de oro ubicados en los cauces de los ríos. Esta situación generó una masiva migración hacia Madre de Dios de personas provenientes de zonas altoandinas, las cuales posteriormente se convertirían en víctimas de explotación sexual y laboral.
La existencia de economías informales e ilegales en la selva peruana, permitió que se desarrollen métodos de captación y retención de víctimas. El auge del mercado de oro desencadenó que se requiera mucha más fuerza laboral, de modo que se instauró la instalación de campamentos de trabajo que a la vez promueven la demanda de otros servicios como comercios y la proliferación de bares y cantinas, lugares en los que precisamente se instaura la trata de personas con fines sexuales.
A nivel interno, la situación de la explotación sexual femenina en Madre de Dios es alarmante, ya que es la región de la Amazonía donde se concentran más los casos. En el 2017, se posicionó en segundo lugar y en el 2018 en el tercer lugar con mayor cantidad de denuncias por delito de trata de personas, registradas en el Ministerio Público, con el 75.22% de ellas causadas por explotación sexual. Asimismo, en ese último año, su centro penitenciario -E.P. Puerto Maldonado- lidero el ranking nacional de personas internas por delito de trata de personas, 283 delictivos (INEI, 2019).
La explotación sexual que ocurre en Madre de Dios se ejerce principalmente en bares y cantinas, también conocidos como prostibares, lugares donde mujeres de diversas regiones fueron atraídas por falsas ofertas de trabajo (IDEI, 2009). Para comprender mejor las causas que esconde esta problemática se abordará los factores intrínsecos y extrínsecos que contribuyen a que más mujeres formen parte de esta red delictiva. Por un lado, los motivos intrínsecos que las conducen abandonar su hogar son la pobreza en la que se sitúa su región y su afán por superarse en encontrar una calidad de vida mejor. Como se explicó en líneas anteriores, la economía de subsistencia es una realidad especialmente en la zona andina y la carencia de recursos básicos como educación y salud, elevan los niveles de migración. Bajo ese contexto, las mafias se aprovechan de las desigualdades socioeconómicas de estas mujeres para realizarles ofertas de trabajo que en apariencia les permitirá acceder a estándares de vida más elevados. Sin embargo, los datos estadísticos prueban lo contrario, que su lucha por escapar de la pobreza se verá frustrada y su situación se agravará al ser explotadas sexualmente.
Por otro lado, los motivos extrínsecos que contribuyen a que las mujeres continúen siendo explotadas son la presencia de la minería informal en Madre de Dios, la validación indirecta de las autoridades regionales y del gobierno central. Primero, la minería informal es un factor decisivo en la existencia de esta situación porque son precisamente aquellos trabajadores involucrados en esta actividad los que demandan dichos servicios. La existencia del prostibar se hace rentable para los "patrones", debido a que la minería aurífera costea el cobro de la cerveza y la mujer. Además, eso también contribuye a que las redes de tráfico con el fin de maximizar sus ganancias diversifican su "mercancía", al ofrecer mujeres y niñas de lugares y edades distintas.
Segundo, la falta de interés de las autoridades regionales y la carencia de políticas públicas que contrarresten con el problema, dan cabida a que este negocio ilícito continúe. Un claro ejemplo de la falta de interés de las autoridades es el informe del Capital Humano y Social (CHS) Alternativo de los años 2017 y 2018. En ambos años, el Estado designó un presupuesto de S/.16 000 al gobierno regional de Madre de Dios para que implemente el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT). Sin embargo, las autoridades no respondieron ni se pronunciaron al respecto (VI Informe Alternativo, 2019). El hecho de que las autoridades demuestran poco interés en ejecutar el PNAT, a pesar de que cuentan con el apoyo y financiamiento del gobierno central, sugiere que legitimaban la perpetración del delito en la región.
Tercero, el gobierno central también tiene responsabilidad de lo sucedido, dado que no direcciona apropiadamente ni incentiva que la región utilice adecuadamente este fondo. Al contrario, al recibir una respuesta negativa del fondo destinado al PNAT, decidieron en el 2019 cancelar el presupuesto designado a Madre de Dios (VII Informe Alternativo, 2020). Esa falta de interés en indagar sobre la situación de la región y desistir ante la poca preocupación del gobierno regional, también sugiere que el Estado no está comprometido totalmente con la lucha contra la trata de personas. Finalmente, los tres factores extrínsecos vistos, concuerdan con lo que afirma Phinney (2007) que las fuerzas de demanda y oferta, en conjunto, con la impunidad del tráfico de trata de personas, son decisivos para el desarrollo de una industria del sexo (pág.75). Es decir, este sistema continuará, debido a la existencia de una demanda y una autoridad despreocupada en la erradicación de la explotación sexual femenina.
4. Análisis de las problemáticas frente a la erradicación de la explotación sexual en el Perú
La explotación sexual femenina es un fenómeno que no solamente trae consigo consecuencias sociales y psicológicas para las mujeres víctimas en el Perú. Este hecho también arraiga diversas problemáticas institucionales, debido a que el estado peruano, a lo largo de estos 10 últimos años, no ha fomentado eficazmente la creación de un cuerpo normativo ni una estructura adecuada en el aparato estatal destinados a combatir tal situación o, en su defecto, a reducirla (IDEI 2009). Si bien diversas entidades públicas y/o privadas se han inmerso dentro de esta problemática para identificar sus determinantes y/o posibles alternativas de solución, su carácter netamente ilegal constituye una de las barreras a la formulación de políticas públicas, lo cual complica el “protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas” impuesto por el Estado peruano.
4.1. Problemática de la generación de datos sobre la trata de personas en el Perú
Las denuncias sobre violencia sexual se han incrementado desde el 2014 al 2020, siendo la trata con fines de explotación sexual la más común; y tanto Lima como Madre de Dios son las regiones con tasas de incidencia más elevadas (INEI 2020). En relación a las víctimas, el Ministerio del Interior, afirma que la mayoría de casos corresponden a mujeres de nacionalidad peruana y jóvenes; es decir, un 72% .Asimismo, el Ministerio de Justicia cuenta con otra recopilación de datos que, si bien puede aportar a la contabilidad, el enfoque metodológico de la misma difiere en gran medida de las elaboradas por las otras instituciones. Es decir, no existe un consenso cualitativo.
Esto revela que no existe un registro único sino una multiplicidad de los mismos sin interconexión alguna, lo cual implica que las cifras que se dan a conocer no reflejan la realidad de la problemática. En ese sentido, tal como señala Villacampa (2016, 26) “las cifras acerca de la mencionada situación se basan todas en simples estimaciones, por lo que resultan sistemáticamente puestas en duda”. Las dificultades de contar con un registro único se deben a diversos factores, pero son las mismas autoridades quienes a través de actos corruptos, quienes permiten que esta situación perdure causando impunidad.
Uno de los casos más resaltantes dentro de lo mencionado, es el ocultamiento de datos por parte de las autoridades municipales a través de los “operativos ciegos” que, según el IDEI, tiene por finalidad obtener algún beneficio económico por parte de los traficantes y/o ser parte de los clientes de los “prostibares”, cuestión que, en ningún caso, les convendría que sea de conocimiento público.
Se han identificado diversos indicios de prácticas corruptas, tanto en las actividades de la policía como en los procesos judiciales, donde los tratantes pagarían a los operadores de justicia para terminar liberados o beneficiados de alguna manera (CHS Alternativo, 2016). Asimismo, la impunidad y falta de acceso a la justicia son causadas por el desconocimiento de los operadores de justicia sobre la problemática. De esta forma, el no conocimiento de las implicancias del delito lleva a que se cometan irregularidades en el proceso. Adicional a ello, los operadores de justicia suelen usar estereotipos de género a la hora de decidir sobre un caso en materia de explotación sexual. Un ejemplo claro es una sentencia del año 2016 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en la que no se calificó el trabajo de “dama de compañía” como una finalidad de explotación sexual en el caso de una niña (IDEI, 2017).
4.2. Problemática de las iniciativas gubernamentales frente a la trata de personas
A nivel nacional, se identifican diversas iniciativas gubernamentales en torno al abordaje de la trata de personas. De tal modo, una investigación realizada por el Consorcio de Investigación Social y Económica (CIES), identifica tres tipos principales. El primero es el marco normativo y políticas de gobierno; el segundo, brindar información y/o capacitación y; el tercero, el soporte a víctimas de trata. Asimismo, dentro de la formulación de cada una de estas, se vinculan los siguientes procesos: prevención y sensibilización; atención, protección y reintegración de las víctimas; y fiscalización del delito. De acuerdo al mapeo de las diversas iniciativas, son alrededor de 14 las que operan desde el año 2007 en adelante. En el siguiente gráfico se muestran tres de este conjunto de iniciativas.
Tabla 1: Mapeo de las principales iniciativas para el abordaje de la trata de personas a nivel nacional
Dicha investigación realiza una revisión bibliográfica de las normativas vigentes a la actualidad, así como entrevistas a los actores principales. Sin embargo, en algunos casos, la información es limitada y no brinda una perspectiva completa de la problemática. Es así que, observan que la mayoría de iniciativas corresponde a guías o manuales que brindan lineamientos a funcionarios del Estado para mejorar su labor, mas no representan documentos enfocados en abordar la problemática ni a lo recomendado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): prevención, persecución y protección. Dichas guías no poseen un lineamiento de protección ex post para las víctimas, de modo que su reinserción en la sociedad se dificulta aún más. Tomar medidas como prevenir y perseguir este delito no serán suficientes si el Estado no enfrenta las causas estructurales de esta problemática, ni toma en consideración la restitución de derechos de las víctimas (IDEHPUCP, 2017).
Asimismo, los actores entrevistados manifestaron que las limitaciones de la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 son debido a la falta de recursos y voluntad política. Es importante recalcar que se necesita de un marco normativo que pueda guiar la intervención estatal de modo que no solo se dictaminen leyes y/o proyectos desde el poder ejecutivo, si no tratar el problema de forma multisectorial. Esto fortalecerá las funciones de cada poder estatal, ya que cada uno tendrá una función en específico y no se recurrirá a la doble función de cargos o a la sobredimensión de los proyectos estatales, que es uno de los problemas más comunes en la aplicación de políticas públicas.
Finalmente, un caso específico en nuestro país es la no existencia de un registro ni presupuesto diferenciado para víctimas de trata por el Ministerio de Salud, a lo cual se suma la falta de entidades estatales de asistencia especializada e integral en salud a estas víctimas (Women’s Link Worldwide, 2017). Asimismo, a la designación de recursos se suma el hecho de que el estado peruano no ha desarrollado políticas para luchar contra las causas estructurales de la trata de personas, entre ellas, las desigualdades socioeconómicas, de género y étnicas.
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