Escrito por Almendra Valeria Quispe Robladillo
Edición a cargo de Ruth Tatiana Condori Moises y Jannely Stefania Chamba Veliz
En los últimos años, diversas formas de criminalidad organizada, como la trata de personas, la extorsión, el narcotráfico y el sicariato, han aumentado en complejidad; y se han propagado por todo el territorio nacional (Loureiro et al., 2022). En este sentido, Perú se posiciona en el puesto 26 a nivel global en cuanto a criminalidad, mientras que en términos de capacidad de resiliencia frente al crimen [1] ocupa el puesto 106, según el Índice Global de Crimen Organizado (Global Organized Crime Index). Entre las diversas formas de delincuencia, la extorsión ha emergido como una de las más prominentes, captando la atención de la sociedad peruana (Loureiro et al., 2022). Estudios académicos han señalado que este delito ha tenido una mayor incidencia en la costa norte del país, que en el primer trimestre de 2023 representó el 23.2% del total de denuncias, y en 2024 esta cifra aumentó a 37.5%; especialmente se resalta un aumento en La Libertad, que presentó el 18.3% de denuncias en 2023, y el 22.7% en el primer trimestre de 2024 (Bonilla, 2019; Corcuera et al., 2024; SIDPOL, 2024). Sin embargo, en la actualidad, Lima ha surgido como el foco principal de preocupación debido a una "ola de extorsiones", la cual se evidencia en la cifra de 1817 denuncias en el primer trimestre del presente año (Trinidad, 2024). En respuesta a esta problemática, los gremios de transporte y comercio convocaron paros nacionales, el 10 y 23 de octubre, en Lima, Piura, Arequipa, La Libertad, Loreto, Cusco, Puno y Lambayeque (Deutsche Welle, 2024; El Comercio, 2024; La República, 2024).
La extorsión no solo genera inseguridad ciudadana; también afecta de manera significativa el progreso económico del país. La exigencia constante de pagos ilícitos a empresarios, comerciantes y transportistas genera costos adicionales en la producción, aumenta el gasto en seguridad, y crea un entorno de incertidumbre que desincentiva la inversión. Además, la extorsión fomenta la informalidad como una estrategia de protección frente a las amenazas, lo cual limita el crecimiento de las empresas y reduce la competitividad nacional.
Dada esta problemática, el presente artículo tiene como objetivo analizar la extorsión desde la perspectiva económica. Por ello, se estructura de la siguiente manera; en primer lugar, se aborda este fenómeno como una externalidad negativa y el rol de la seguridad ciudadana como un bien público. En la segunda sección, se desarrollará cómo la extorsión afecta diversas áreas del sistema económico y se presentarán hallazgos empíricos de otros países. Por último, se proporciona una reflexión sobre el papel del Estado frente a estos desafíos.
Una Discusión Teórica
Para comprender el impacto económico de la extorsión, es esencial situar este fenómeno dentro de un marco teórico que abarque la teoría de externalidades [2] , y los bienes públicos [3]. Desde la perspectiva de la economía del bienestar, Daly y Giertz (1975) argumentan que la extorsión actúa como una externalidad negativa, generando costos que recaen sobre terceros y la sociedad en general, sin que estos sean considerados por quienes cometen el delito. La negociación entre el extorsionador y la víctima genera un comportamiento interdependiente, en el que la víctima incurre en altos costos de transacción que llevan a una asignación ineficiente de recursos.
Además, a diferencia de las externalidades convencionales, donde intervenciones, por parte del estado, pueden conducir a un óptimo de Pareto, la extorsión produce pérdidas netas de bienestar social. Los costos sociales derivados de la extorsión van más allá de los pagos directos (Becker, 1968), ya que incluyen la inversión en medidas de seguridad, por parte de las propias empresas amenazadas; la disminución de la actividad económica formal; la fuga de capitales y la disminución de la competitividad (Goulas & Zervoyianni, 2013; Levitt, 2004). Estos efectos son manifestaciones de la extorsión como externalidad negativa, ya que los costos no son internalizados por los extorsionadores, lo que lleva a un incremento de la actividad criminal. De esta manera, este fenómeno reduce la eficiencia económica, amplificando la magnitud de la falla de mercado.
Dentro de este marco, la teoría de bienes públicos proporciona una perspectiva adicional sobre cómo la extorsión afecta a la sociedad. Los bienes públicos se caracterizan por ser no excluibles y no rivales; todos los miembros de la sociedad pueden beneficiarse de ellos sin que el consumo de uno disminuya el de otro (Samuelson, 1954). La seguridad pública y la justicia son bienes públicos fundamentales que el Estado debe garantizar (Stiglitz, 2000). Cuando la extorsión se convierte en una práctica extendida, pone en evidencia una falla en la provisión de estos bienes, lo que revela la incapacidad del Estado para asegurar un entorno seguro para sus ciudadanos. La teoría de bienes públicos sugiere que, en ausencia de una intervención estatal adecuada, se alcanzan niveles subóptimos de seguridad, ya que el mercado no puede asignar eficientemente la provisión de seguridad debido a su naturaleza no excluible (Tiebout, 1956). Por ello, la intervención estatal es crucial para corregir esta falla de mercado y minimizar el costo social que genera la extorsión.
Teóricamente, la competencia en la extorsión también tiene implicaciones importantes. Según Demsetz (1971), si se asume que los costos de transacción son nulos, la competencia entre extorsionadores podría eliminar o reducir significativamente la extorsión. Sin embargo, Daly (1975) argumenta que los costos de transacción [4] son, de hecho, significativos, y que la competencia entre bandas criminales puede incluso exacerbar la ineficiencia económica al incrementar el uso ineficiente de los recursos destinados a la protección o la negociación. Esto se evidencia en modelos como el de Brown et al. (2020), quienes desarrollaron un análisis sobre la competencia por territorio entre pandillas. Su modelo concluye que la violencia disminuye cuando las pandillas coluden, ya que se fijan en una tasa de extorsión única en lugar de competir con múltiples tasas, reduciendo así los costos del conflicto. Sin embargo, esta colusión también resulta en tasas más altas de extorsión, lo que incrementa las cargas económicas sobre las víctimas.
En resumen, la extorsión como fenómeno económico representa una confluencia de fallas de mercado, que incluyen externalidades negativas y una provisión insuficiente de bienes públicos. La incapacidad del Estado para ofrecer una seguridad pública adecuada permite que estas fallas se mantengan o incluso se agraven. Por lo tanto, la intervención del Estado no solo busca reducir la actividad criminal y sus costos asociados, sino también mejorar el bienestar social al corregir la ineficiencia en la asignación de recursos y restaurar la provisión adecuada del bien público que es la seguridad.
Sobre los efectos en la economía
La extorsión además de afectar la seguridad ciudadana, como se mencionó anteriormente, impacta a la economía. En el presente apartado, se expondrán los hallazgos empíricos sobre los efectos de la extorsión. Para ello se discute literatura empírica en países latinoamericanos y en Italia [5].
En primer lugar, Brown et al. (2020) realizaron un estudio sobre cómo afecta la competencia entre pandillas al monto de la extorsión [6] en El Salvador, bajo el contexto de un pacto de no agresión entre las pandillas. Los autores encontraron que el monto de extorsión aumentó gradualmente conforme pasaban los meses; y al año, este se había incrementado en más de 20%. Este resultado se explica a través de 3 factores, el primero es que las bandas dedican un mayor tiempo al monitoreo y al fortalecimiento de amenazas; en segundo lugar, el grado de discriminación de precios aumenta, debido a que las bandas destinan una mayor cantidad de tiempo a recabar información sobre la demanda de los bienes de las empresas; en tercer lugar, el tiempo de entrega [7] aumenta, debido a que los extorsionadores interceptan los camiones distribuidores con mayor frecuencia, exigiendo un pago a cambio de que la empresa pueda operar en el territorio. Como conclusión, el aumento del monto de extorsión se traduce a mayores costos de producción, ya que el mayorista incurre en costos adicionales, los cuales deriva al minorista, y finalmente a un mayor precio del bien para los consumidores. Esta cadena de traspaso de coste de producción evidencia cómo la extorsión no solo impacta en los márgenes empresariales, sino también en el poder adquisitivo de los consumidores. Este fenómeno en El Salvador, donde las pandillas aprovechan su control territorial para incrementar los costos de operación de empresas y mayoristas, presenta un riesgo si Perú sigue una trayectoria similar, dado el contexto de inseguridad creciente.
Los efectos de la extorsión en la economía mexicana, según el estudio de De la Calle (2023), son profundos y abarcan tanto los costos directos como los indirectos para las empresas, especialmente las Micro y Pequeña Empresas (MYPEs). Entre los efectos directos, se observa un aumento significativo de los costos de producción debido a los gastos en seguridad, sistemas preventivos y la necesidad de que las empresas mantengan sus propias flotas de distribución para protegerse del crimen. En cuanto a los efectos indirectos, la extorsión genera una alta incertidumbre que desincentiva la inversión y frena la innovación, debilitando el capital humano y social. Las MYPEs, en particular, enfrentan mayores riesgos al operar en el sector formal, donde la extorsión es más frecuente, lo que las empuja a optar por la informalidad. La conclusión principal del autor es que la informalidad se ha convertido en una estrategia para las MYPEs que buscan evitar la extorsión, pero a un alto costo. Esta decisión limita su potencial de crecimiento e innovación, afectando la productividad laboral y, a largo plazo, la competitividad del país. Este hallazgo es especialmente relevante en el caso peruano, ya que la informalidad también es un fenómeno prevalente, 84.8% de las MYPEs son informales (Ministerio de la Producción, 2023); si la extorsión continúa en aumento en Perú, se podría anticipar un incremento aún mayor en la informalidad, perpetuando un ciclo vicioso que limita el desarrollo económico y la competitividad del país, similar a lo observado en México.
Balletta y Lavezzi (2023) investigan la economía de la extorsión en el contexto europeo, centrándose en Sicilia, Italia, donde la presencia de mafias como la Cosa Nostra ha sido dominante durante décadas. En su estudio, los autores examinan cómo estas organizaciones criminales afectan tanto la actividad económica como el bienestar social en la región, demostrando que la extorsión impuesta por las mafias no solo genera una disminución de la inversión privada, sino que también incrementa los costos operativos de las empresas, lo que limita su crecimiento económico. Uno de los hallazgos clave es que las empresas que operan en sectores con menor movilidad, es decir, aquellos que no pueden trasladarse fácilmente a otras regiones, son las más vulnerables a la extorsión. Además, los autores identifican que la percepción de inseguridad y la falta de acción estatal efectiva para controlar a las mafias generan un clima de incertidumbre que desincentiva tanto la inversión nacional como extranjera, perpetuando así el subdesarrollo en Sicilia y otras regiones italianas afectadas por el crimen organizado. En lo que respecta a Perú, si bien se trata de una economía diferente, se advierte que una posible desincentivación de la inversión privada produciría una desaceleración de la economía.
Una reflexión sobre el Papel del Estado
El Banco Mundial, en su Informe sobre el desarrollo mundial de 1997, presenta una evolución del rol del Estado mediante una taxonomía de intervenciones, clasificándolas en mínimas, moderadas y dinámicas, según su propósito: corregir disfunciones del mercado o aumentar la equidad. Dentro de esta clasificación, las intervenciones relacionadas con el fenómeno de la extorsión se encuadran en las mínimas, ya que buscan corregir las fallas del mercado derivadas de la falta de seguridad y justicia. Estas intervenciones constan de suministrar bienes públicos puros, tales como la defensa, el orden público y los derechos de propiedad. Chhibber (1997) destaca que el Estado es el único ente con poder legítimo de coerción, lo cual le permite garantizar estos bienes y proteger los derechos de propiedad.
En el contexto actual de Perú, la ola de extorsiones ha expuesto la incapacidad del Estado para cumplir eficazmente con esta función, afectando la seguridad y el desarrollo económico. En ese sentido, la promulgación de leyes como la Ley 32108 sobre el Crimen Organizado, por parte del Congreso; podría debilitar la investigación debido a que presenta como requerimiento la presencia de un abogado durante los allanamientos. Esta podría no estar combatiendo el crimen organizado de manera efectiva. Respecto a las políticas nacionales, promulgadas por el Ministerio del Interior, que enfocan la extorsión como un problema de inseguridad ciudadana, se encuentran:
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 presenta como parte de los fenómenos delictivos centrales a los “Delitos Cometidos por bandas”, dentro de los cuales se encuentra la extorsión. El Plan tiene como uno de sus objetivos reducir la victimización [8] a través de una serie de intervenciones como implementar DEPINCRIs [9] para realizar investigaciones en coordinación con el ministerio público (Ministerio del Interior, 2023).
Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030
La PNMSC presenta la victimización como el principal indicador que explica los altos niveles de violencia. En relación con la extorsión, su objetivo es disminuir los delitos de complejidad cometidos por bandas que victimizan a la población.
Para evaluar el cumplimiento de los objetivos de ambos planes, se utiliza el indicador de victimización. En el primer semestre de 2021, a nivel nacional urbano, la victimización fue del 17.6%; en 2023, este porcentaje aumentó al 30.5%, lo que representa un incremento del 12.9% (INEI, 2023). Ante estos datos, es crucial mejorar la eficiencia de las políticas públicas, reducir la impunidad y reforzar el sistema de justicia penal. Esto no solo permitiría disminuir la extorsión, sino también reducir sus costos económicos y sociales, creando un entorno más seguro y propicio para el desarrollo (Garay & Salcedo-Albarán, 2012). Además, dada la relación entre formalidad y extorsión, se recomienda focalizar regiones con mayor tasa de denuncias de extorsión y altas tasas de informalidad, como Lima, que concentra el 34.6% de las extorsiones a nivel nacional y presenta un 70.7% de informalidad en MYPEs (Corcuera et al., 2024; Ministerio de la Producción, 2023).
En conclusión, la extorsión en Perú representa un desafío crítico para la seguridad y el desarrollo económico. Si la extorsión continúa en aumento, no solo se agravará la inseguridad, sino que también podría desalentar la inversión y fomentar la informalidad, especialmente en sectores vulnerables como las MYPEs, donde la mayoría opera de manera informal. Para abordar este problema, es fundamental reformular las políticas de seguridad con un enfoque integral y preventivo, asegurando una justicia efectiva y reduciendo la impunidad. Esto permitirá restaurar la confianza en las instituciones y crear un ambiente favorable para el desarrollo económico y social del país.
[1] El Índice de Resiliencia se refiere a la capacidad de resistir y frenar el crimen
[2] Las externalidades son efectos indirectos que una actividad económica produce sobre terceros, los cuales no están involucrados en dicha actividad; estas pueden ser positivas o negativas. El ejemplo simbólico de una externalidad, es el caso de la contaminación generada por una minera, la cual afecta la salud de las personas que viven cerca, sin que la fábrica pague por esos efectos adversos.
[3] Los bienes públicos son aquellos que, por sus características, pueden ser consumidos por varias personas a la vez sin que su disponibilidad disminuya (no rivalidad) y sin que se pueda excluir a nadie de su uso (no exclusión). El ejemplo clásico de un bien público es la defensa nacional.
[4] Los costos de transacción son gastos asociados con el proceso de intercambio o negociación entre partes, más allá del precio del bien o servicio en sí. En el contexto de la extorsión, refiere a los costos pueden incluir el tiempo, el esfuerzo y los recursos que tanto extorsionadores como víctimas emplean para negociar, protegerse o mantener control sobre el territorio.
[5] Cabe mencionar que se incluye el caso italiano, debido a la presencia de mafias en la región de Sicilia.
[6] El monto de la extorsión se refiere a la cantidad de dinero que un extorsionador exige a la víctima.
[7] El tiempo de entrega hace referencia al tiempo que transcurre desde que la empresa mayorista envía sus productos hasta que el minorista los recibe.
[8] Victimización: mide la proporción de personas que han sido víctimas de algún tipo de delito o acto delictivo en un periodo de tiempo determinado.
[9] DEPINCRI: Departamento de Investigación Criminal.
Referencias
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